La Asamblea Nacional aprobó este martes el informe del proyecto de presupuesto del Parlamento 2020, presentado por la Comisión de Finanzas. También declaró nulas e inexistentes las actuaciones del procurador del régimen de Nicolás Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza.

Además, la mayoría opositora avaló un acuerdo con motivo del Día de los Derechos Humanos y declaró emergencia humanitaria compleja eléctrica en el estado Zulia.

Presupuesto

El diputado Alfonso Marquina fue el encargado de presentar el proyecto de presupuesto, incluido como primer punto del orden del día. Informó que este establecía un monto de 1.849.571.000.000 de bolívares, para cubrir salarios de 5.044 trabajadores, incluyendo diputados jubilados.

Sin embargo, recibieron una comunicación de la Oficina Central de Presupuesto que aprobó solo el 2% de los requerimientos salariales. Esto, a su juicio, con la intención de seguir «con la asfixia financiera» para tratar de doblegar al Legislativo.

«Estos miserables (chavismo) solo están mandando a esta AN el equivalente a menos de un mes de los sueldos de trabajadores y jubilados. Poco les importa que 5.000 familias pasen hambre por la intención de seguirse perpetuando en el poder», manifestó.

Pese a no estar de acuerdo con las cifras aprobadas, señaló que someten a consideración el informe por el bienestar de los trabajadores. «Lo peor que puede pasar es que no lo aprobemos y mañana utilicen esa excusa para no darles un bolívar a los trabajadores», subrayó.

Destacó, además, que, pese a la pretensión de someter al Parlamento, continuarán de pie. «Los diez proyectos que desarrollamos no reciben un solo bolívar, creyendo que con eso vamos a bajar la santamaría. No la hemos bajado, no nos hemos ido, rendido, ni puesto de rodillas, sino que fueron ustedes (PSUV) los que hoy vienen a juramentarse ante Juan Guaidó como el legítimo de la AN», enfatizó.

El legislador Omar Barboza entregó un proyecto para que el Legislativo maneje el presupuesto del Estado ante la indefensión de la nación.

Mencionó que este proyecto propone la administración de los fondos del país por la AN, que tiene la obligación de gerenciarlos para distribuirlo entre los ciudadanos.

«Hoy el país está a la deriva. Ese dinero lo posee el régimen de Maduro para repartírselo entre ellos», expresó.

El diputado oficialista César Carrero afirmó que el bloqueo económico, impuesto por Estados Unidos, ha asfixiado a la nación y vulnerado los derechos de los trabajadores.

«Gracias a la asamblea nacional constituyente, se vienen aprobando los diversos presupuestos y se viene trabajando para que no se paralice nuestro país», resaltó.

Indicó que además de hablar del presupuesto, se debe revisar la distribución de la ayuda humanitaria. «Hablan de que los diputados no tienen un salario, pero tiene que darse un debate porque se habla de que hay diputados de primera, segunda, tercera y cuarta», instó.

Procurador

La mayoría opositora ratificó este martes a José Ignacio Hernández como procurador especial de la república. Recordó, por tanto, que los contratos, poderes y designaciones otorgados por Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador de Maduro, quedan sin efecto.

Ante la usurpación del cargo de Muñoz Pedroza, exhortó a los embajadores de la Presidencia encargada a realizar las gestiones para que sea incluido en la lista de sancionados.

El Legislativo también declaró nulos e inexistentes los supuestos contratos suscritos con la empresa Crystallex del 10 de septiembre y con la compañía Rusito Mining Limited, del 5 de octubre de 2018.

El parlamentario Macario González aseguró que la AN debe rescatar y proteger los bienes de la república. Recordó que el único que puede asumir la representación del país es el procurador designado por Guaidó, por lo que todo lo suscrito por Muñoz Pedroza «es de absoluta ilegalidad, nulidad e inexistente».

El diputado Henry Ramos Allup afirmó que los intereses de la república están en vilo, dado que el procurador chavista «es una especie de paria jurídico que no representa a nadie y nadie reconoce».

Según su parecer, el Parlamento debe estar atento a los juicios en contra de la nación, en vista de que representa, más allá de un interés político, el interés económico nacional. «Por todas partes nos demandan porque saben que estamos indefensos», alertó.

Ante esta situación, afirmó que la AN debe garantizar la representación y defensa de los intereses nacionales. «Venezuela, como país, no puede caer en estado de indefensión ante juicios incoados», finalizó.

El socialista Williams Benavides indicó que José Ignacio Hernández pertenece al bufete de abogados que defiende los intereses de Crystallex. A su juicio, en la plenaria se debería debatir el llamado «cucutazo».

«Deríamos hablar de la ayuda humanitaria porque la corrupción no es de derecha o izquierda, es corrupción y hay que hablarlo. No tiene potestad (la oposición) ni para nombrar un condominio y vienen a hablar como si fueran los dueños del país», señaló.

Derechos humanos

La Cámara se sumó a la conmemoración del 61.° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ratificó la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a constatar de primera mano la situación del país.

También instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que empiece el proceso de investigación formal contra Nicolás Maduro y demás responsables de crímenes de lesa humanidad en el país.

El Legislativo pidió, además, la libertad inmediata de todos los presos políticos, en especial, la del diputado Juan Requesens y la del director del despacho de la Presidencia, Roberto Marrero.

Durante el debate los diputados opositores recordaron a los asesinados por el régimen, como Óscar Pérez, el concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo. También a los jóvenes Neomar Lander y Juan Pablo Pernalete, entre otros.

También mencionaron la vulneración de los derechos civiles, políticos y socioeconómicos, como el derecho a la salud, la alimentación, la educación y la libertad de expresión.

Por su parte, el chavismo aseguró que el gobernante chavista ha garantizado los derechos humanos de los ciudadanos desde que asumió la presidencia.

Emergencia eléctrica

Aunque la semana pasada se difirió la primera discusión del proyecto de Ley de Asistencia Financiera y Técnica ante la emergencia del sector eléctrico para conseguir consenso, todo parece indicar que no lo consiguió.

Esta semana el Parlamento debatió, en cambio, un acuerdo en reconocimiento de la crisis humanitaria en el estado Zulia debido a las fallas del servicio eléctrico.

Por esto, declaró la emergencia humanitaria en la entidad zuliana, dada la situación eléctrica que paraliza la actividad económica y productiva.

La mayoría opositora respaldó la gestión para solicitar apoyo internacional formal al Sistema de Agencias de Cooperación de la ONU para aplicar paliativos y mejoras inmediatas en materia de generación eléctrica.

Además, acordó analizar y debatir públicamente el proyecto remitido por la CAF y la propuesta de ejecución de la ONU mediante el PNUD, para la asistencia técnica y financiera de la crisis humanitaria.

El diputado Enrique Márquez rechazó que no se haya aprobado en primera discusión el instrumento legal sobre la crisis eléctrica.

«No podemos estar contentos por la falta de sensibilidad de esta Cámara. Esta ha sido una ley construida por la humanización política», enfatizó.