La Asamblea Nacional aprobó durante la sesión ordinaria de este martes un acuerdo en rechazo a la ratificación del procurador general de la República, Reinaldo Muñoz Pedroza, realizada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro mediante la sentencia 59 del pasado 22 de abril de 2020.
“El artículo 187, numeral 14, junto al 249 de la Constitución Nacional, establecen que el nombramiento del procurador de la Nación se hace a través de un decreto presidencial con aprobación de la Asamblea Nacional”, manifestó el diputado por el estado Zulia Omar Barboza al comenzar el debate.
Barboza agregó que ese requisito constitucional nunca ha sido cumplido.
“La Asamblea Nacional lo ha rechazado en dos acuerdos anteriores, uno en abril de 2018 y otro en diciembre del 2019, donde se dejó constancia de que en ningún caso ese señor Reinaldo Muñoz Pedroza había sido designado, ni ha habido ningún decreto presidencial, ni autorización de este Parlamento”, manifestó el parlamentario.
Indicó que ahora la Sala Constitucional del TSJ ilegítimo, a través de la sentencia 59 del 22 de abril del 2020, pretende darle legalidad a esa designación supuesta como procurador a este ciudadano Muñoz.
“Rechazamos estas acciones y solo reconocemos al procurador nombrado por esta Asamblea, de acuerdo con lo establecido en el estatuto que rige la transición”, manifestó.
Recordó que ese Tribunal Supremo de Justicia fue nombrado de manera exprés el 23 de diciembre de 2015, para darle legalidad a la usurpación de la Presidencia, y que ahora lo usan para legitimar al procurador.
Añadió que el Parlamento ha declarado en muchas oportunidades que las decisiones que surgen de la Sala Constitucional y del TSJ no tienen validez como sentencias para el Parlamento porque violan la Constitución y las leyes.
El diputado ratificó la designación por el Legislativo del ciudadano José Ignacio Hernández como procurador especial.
La Asamblea Nacional establece en ese acuerdo solicitar a las autoridades extranjeras competentes que inicien los procedimientos conducentes a sancionar a Reinaldo Muñoz Pedroza, y a los abogados designados por este, por su colaboración política con el régimen de Nicolás Maduro, obstruyendo la legítima defensa de los intereses de la República y el proceso de transición a la democracia.