Amnistía Internacional pide a las autoridades de Venezuela esclarecer el paradero y garantizar la integridad de dos indígenas yanomami que desaparecieron luego de los hechos violentos ocurridos el domingo 20 de marzo en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Ese día, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asesinaron a cuatro miembros de esa etnia en un supuesto enfrentamiento. Los hechos ocurrieron en el sector Parima B del Alto Orinoco después de que los militares se negaron a devolver un router de Internet que la comunidad les había prestado.
Constituiría una desaparición forzada
Uno de los desaparecidos tiene 16 años de edad y la situación podría constituir una desaparición forzada, advirtió la organización.
Indicó, mediante un comunicado, que entre las personas heridas se identificó a Borges Sifontes, un adolescente de 16 años de edad. Lo trasladaron al Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho para que recibiera atención médica. Se encontraba junto a su hermano Gabriel Silva, de 19, quien también presenció los hechos.
Actualmente ambos son testigos clave en la investigación penal anunciada por la la Fiscalía del Ministerio Público.
El 1 de abril presuntos funcionarios del Ministerio para Asuntos Indígenas intentaron sacarlos del centro médico, sin el conocimiento de su representante legal, Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal, pero no pudieron hacerlo.
Traslado irregular
Amnistía Internacional señaló que dos días después, el 3 de abril, el traslado de los indígenas se produjo y de manera irregular. A los hermanos los trasladaron en una aeronave que pertenecería al grupo aéreo de transporte número 9 de la Aviación.
El personal militar de la zona informó a Ortiz que a los ciudadanos los llevaron, primero, a la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Posteriormente, al Hospital Militar Carlos Arvelo, en Caracas, por vía terrestre. La organización, sin embargo, afirmó que hasta la fecha se desconoce el motivo de esos traslados y el paradero de los hermanos.
«(Esta situación) los somete a desaparición forzada, un crimen de derecho internacional. Tal circunstancia pone a los jóvenes yanomani en altísima vulnerabilidad. Más aún, el adolescente herido no conoce el idioma castellano y solo puede comunicarse en su idioma ancestral, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad», denunció.
«Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a las autoridades venezolanas a garantizar la vida, integridad y libertad de ambos jóvenes yanomani y, en particular, que se haga público el paradero, situación jurídica y motivo de traslado; y, asimismo, que se haga saber tal circunstancia al Foro Penal y su representante para que los acompañen en su representación legal», dijo.
Libertad sin restricciones
También solicitó que se garantice el derecho a la libertad de los hermanos y que no se les restrinja de manera arbitraria en el transcurso de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Además, que se garantice que la situación en la que se encuentran y el tratamiento recibido es adecuado y pertinente culturalmente.
Amnistía Internacional finalmente exige que se le permita al Foro Penal y demás representantes legales un acceso regular y frecuente a las actuaciones del Ministerio Público. Y que una autoridad civil investigue de manera pronta, imparcial y efectiva los hechos del 20 de marzo, con exclusión de instancias militares.