Amnistía Internacional emitió este viernes una carta abierta dirigida al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidiéndole acciones urgentes ante la política de represión que se vive en Venezuela.
“El silencio del Fiscal Karim Khan ante la crisis que sufre Venezuela es alarmante. Su Fiscalía ha sido testigo de la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro-gubernamentales, así como de la detención arbitraria de más de dos mil personas en escasos días, sólo por oponerse o ser percibidas como opositoras al gobierno de Nicolás Maduro», expresó Erika Guevara, directora senior de investigación, incidencia, políticas y campañas para la organización.
Mencionó, según nota publicada en la página web de Amnistía Internacional, que en Venezuela también se han registrado ataques, amenazas y estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que exponen las arbitrariedades del gobierno. A su juicio, estas personas miran la CPI «como último recurso para la justicia».
«Ahora más que nunca, necesitamos una acción inmediata y decidida de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», añadió.
Guevara señaló que el actual aumento en escala y gravedad de los actos que se están llevando a cabo contra el pueblo venezolano exige que acelere «urgentemente su investigación sobre la situación en el país».
«En términos concretos, esperamos que el fiscal emita una declaración preventiva que ponga sobre aviso a las personas perpetradoras de posibles crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos. También le pedimos que apoye públicamente a las ONG y personas defensoras de derechos humanos venezolanas, y que condene los ataques contra aquellas que están siendo atacadas por su incansable labor en favor de la justicia. Ahora más que nunca, necesitamos una acción inmediata y decidida de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», manifestó.
Investigación de la CPI sobre Venezuela
Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, tarea que la justicia venezolana asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que en 2023 rechazó una apelación del gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.