Aprovechar las cuarentenas gestionadas por el Estado como forma de represión. Eso es lo que han hecho países de América Latina como Venezuela, El Salvador y Paraguay en los últimos meses en medio de las medidas adoptadas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus. Así lo denunció Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Según la ONG, estos países han detenido a decenas de miles de personas en centros de cuarentena gestionados por el Estado, inadecuados y sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos, lo que puede ser constitutivo de malos tratos, y con el riesgo de que las detenciones sean arbitrarias.
En su informe, Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante covid-19 en las Américas, Amnistía documentó cómo en estos tres países las autoridades han sometido desproporcionadamente a personas migrantes y refugiadas, gente que volvió a sus países de origen y comunidades de ingresos bajos a cuarentenas gestionadas por el Estado, a menudo en condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes, lo que puede constituir malos tratos.
Confinamiento
Hasta finales de agosto, según datos oficiales, el régimen de Nicolás Maduro sometió a cuarentena a unas 90.000 personas que regresaron al país tras quedarse sin empleo y sin casa en países vecinos como Colombia y Perú. Las enviaron a «centros de confinamiento bajo control militar que son insalubres y, en ocasiones, inhumanos».
«En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva. Esto afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen», precisó la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas.
La ONG resaltó que el «ejemplo más inquietante de campañas de estigmatización y discriminación auspiciadas por el Estado llega del régimen de Nicolás Maduro». En este caso, quienes han regresado al país en los últimos meses fueron obligados a recluirse en instalaciones destinadas a la cuarentena, mientras altos cargos del régimen chavista afirmaban que las que volvían de Colombia eran «armas biológicas» enviadas para «infectar a los venezolanos y también tacharon de traidoras a las personas que volvían».
Según la organización, este discurso, basado en las supuestas ideas políticas de quienes vuelven y su pretendida asociación deliberada con el covid-19, sumado a la medida de cuarentena obligatoria en centros dirigidos por el Estado, «hace pensar que su privación de libertad es discriminatoria y arbitraria».
Para leer el informe completo aquí.