Amnistía Internacional denunció el repunte de las detenciones arbitrarias para reprimir a la disidencia en Venezuela.
En su más reciente informe, detalló los casos de detenciones en protestas nacionales como los casos del grupo indígenas yukpas y los sindicalistas de Sidor.
“En los últimos días, personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas son sometidas a violaciones de derechos humanos”, dice el texto.
Condenaron que las detenciones arbitrarias son “para silenciar y reprimir a aquellos percibidos como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro”.
“El uso de esta táctica represiva debe encender las alarmas de la comunidad internacional, y aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas”, dice el texto.
Varias ONG del país estiman que unas 300 personas se encuentren detenidas por motivos políticos en Venezuela.
También contabilizan miles de casos de personas que son transitoriamente detenidas y con medidas de restricción a su libertad. Es decir, tienen prohibición de salida del país, o medidas de presentación periódicas ante los tribunales. Esto según cifras del Foro Penal, en Venezuela. Esta organización afirma que se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde 2014.
Silenciar irregularidades
AAmnistíaI Internacional agregó que las detenciones cumplen el objetivo de silenciar a quienes denuncian irregularidades, injusticias y corrupción.
“Esta táctica pretende acallar a quienes alcen su voz para señalar los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Este tipo de detenciones se han documentado en torno a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y personas defensoras de derechos humanos”.
Agrega el informe que todos estos casos son recogidos por diversas ONG civiles, nacionales e internacionales.
“Han documentado y denunciado las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una política represiva”, dice el texto.
Estas detenciones son parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Amnistía afirma que estos hechos deben investigarse como posibles crímenes de lesa humanidad.
Otros crímenes
Amnistía Internacional también denunció que las autoridades venezolanas utilizan las detenciones arbitrarias para desarticular o desactivar focos de protesta social.
“Estas detenciones pueden ocurrir en el marco de la protesta, o en contra de quienes las convocan y organizan”.
“En los últimos años, el aumento de detenciones arbitrarias contra personas pertenecientes a asociaciones gremiales o sindicatos de trabajadores ha sido patente”, dice el documento..
Ejemplo de ello fue la detención de Rubén González, sindicalista de la Ferrominera del Orinoco, y también del ex dirigente sindical de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Guillermo Zárraga.
El documento afirma que estas restricciones son “ilegítimas” y “arbitrarias” en contra el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación, al ejercicio del derecho de huelga.
“Dan cuenta de la vigencia de la política represiva para silenciar cualquier crítica en contra del régimen de Nicolás Maduro”.
También denuncia el documento el uso de medios judiciales para implementar estas medidas represivas.
La ONG mantiene y recuerda a la comunidad internacional la urgente necesidad de que existan mecanismos de rendición de cuentas. Estos deben ser imparciales e independientes y procurar el fin de la impunidad de estas y de otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.