Amnistía Internacional alertó nuevamente sobre la continua crisis de derechos humanos en Venezuela, en la cual las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza y la tortura por las fuerzas de seguridad siguen ocurriendo con impunidad como parte de la política de represión del régimen de Nicolás Maduro.
En medio del del covid-19, funcionarios policiales han atacado a periodistas, a trabajadores de la salud y a quienes han informado de la actuación del régimen ante la pandemia.
Por esa razón, el 15 de julio el organismo presentó su posición ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con motivo de un diálogo sobre el informe de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, que describe la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Informe de la ONU
Amnistía Internacional compartió las preocupaciones de la alta comisionada sobre la falta de independencia del sistema de justicia venezolano, que es utilizado para silenciar y criminalizar a quienes son percibidos como una amenaza para el régimen, en vez de apuntar hacia los responsables por crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.
A pesar de los compromisos adquiridos por Venezuela ante el CDH en septiembre del año pasado, AI no ha registrado mejoras significativas en el país. Por lo tanto, manifestó que «es esencial que el Consejo asegure la continuidad de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que investiga la situación en el país, en conjunto con el fortalecimiento del rol de Bachelet, con el fin de que los culpables rindan cuentas y que las víctimas obtengan justicia».
El informe presentado por la ONU es un paso importante para poner fin a la impunidad y garantizar una mejora en la situación de derechos humanos en Venezuela.
Sin embargo, es fundamental que los países que integran el Consejo de Derechos Humanos, como Argentina, «sigan apoyando la continuidad el mandato de la alta comisionada y que insten a Venezuela a cooperar con este mecanismo y cumplir con las recomendaciones señaladas en el informe», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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