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Amnistía Internacional alertó sobre escalada de persecución contra los venezolanos críticos al gobierno

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Amnistía Internacional denunció que durante este 2024 se ha registrado en Venezuela una escalada en la persecución contra la sociedad civil y actores políticos que sean críticos al gobierno de Nicolás Maduro.

En una declaración pública, la organización destacó que en el país se han incrementado las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, las violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, las campañas estigmatizantes y los posibles actos de tortura contra los disidentes del gobierno chavista.

Además, señalan, la administración de Maduro ha desarrollado proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

“En Venezuela, 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Piquer indicó que el aumento de detenciones arbitrarias se ha dado principalmente contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas de oposición, principalmente personas ligadas al partido de Vente Venezuela, de la líder María Corina Machado.

“La situación en Venezuela, y en especial en este período electoral, deben tener la máxima atención internacional para que los mecanismos represivos del gobierno de Nicolás Maduro no limiten los derechos de las personas a participar en los asuntos públicos. La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela», señaló parte del comunicado.

También exigieron a las autoridades venezolanas «el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas».

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