El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y a la misión que tiene en Venezuela, que se realice la exhumación y autopsia del cuerpo del general Raúl Isaías Baduel para determinar la causa de muerte.
«Naciones Unidas tiene una misión en el terreno y esta autopsia es absolutamente relevante para atender este caso y determinar responsabilidades que puedan haber al respecto“, dijo Almagro.
Denunció que el general Baduel es el décimo preso político que ha muerto bajo la custodia del Estado. «No es admisible que nadie muera en prisión, no es admisible que haya este nivel de inhumanidad, este nivel de destrato, de tratos crueles e inhumanos, que los presos políticos tengan que morir en prisión. No existe ninguna atenuante posible en la consideración de este tema».
Baduel, que fue ministro de Defensa de Hugo Chávez, falleció el martes 12 de octubre a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por el covid-19, según el fiscal general, Tarek William Saab, una versión puesta en duda por la familia del general y diversas organizaciones.
«Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio producto del covid-19», escribió Saab en Twitter.
Sin embargo, Andreina Baduel, hija del preso político, desmintió las declaraciones de Saab: «El régimen asesinó a mi amado y valiente papá Raúl Baduel – escribió en Twitter-. Recientemente tuvimos la fe de vida de él. Es falso que tenía covid-19. Él nos reiteró, una y otra vez, que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe».
Por su parte, el abogado de la familia, Omar Mora Tosta, señaló que el exministro de Defensa «venía quejándose» de «muchas consecuencias de ese encierro injusto, de ese aislamiento y tortura blanca» en un calabozo del Servicio de Inteligencia denominado como La Tumba.
La detención de Baduel
Baduel fue detenido el 3 de abril de 2009 y lo condenaron en 2010 por presunta sustracción de dinero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y abuso de poder.
Tras seis años y ocho meses en la cárcel militar de Ramo Verde, en 2015 le otorgaron medida de libertad condicional con restricción de salida del estado Aragua. Sin embargo, el 12 de enero de 2017 se la revocaron.
El 3 de marzo del mismo año el general retirado terminaba de cumplir su condena y debía salir en libertad. Pero un día antes el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión, por lo que aún permanecía preso.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.