La población autista en Venezuela está condenada al abandono y al silencio por la falta de condiciones en el país para atender sus necesidades, así lo denunció la profesora y presidenta de la Alianza del Lápiz en el estado Aragua, Ángela Contreras.
Contreras explicó, desde la organización política, que actualmente no existe legislación, ni censo de casos sobre el tema. En realidad, enfatizó, cada vez son menos los centros especializados para atender a la población autista en el país.
Asimismo, aseveró que los últimos registros oficiales datan de 2012 y refieren una población de 200.000 personas diagnosticadas con autismo. La experta en la materia de educación especial señaló que la situación de estos ciudadanos se agravó considerablemente con la pandemia. «Vemos con preocupación como están, cada vez más, invisibilizados», agregó.
La portavoz del partido de la educación cuestionó además que los esfuerzos por promover un Proyecto de Ley del Autismo quedaron en el olvido en la Asamblea Nacional del año 2016. Detalló que al contrario de países como Perú y España, en Venezuela no existe una legislación especial para la protección de personas con el espectro autista (TEA).
Al ahondar en el tema de la atención priorizada que merecen, Contreras precisó que cada vez hay menos centros de atención especial. Tampoco hay formación para el personal docente sobre dicha temática. Sobre este particular, puso como ejemplo que el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa) de Caracas atiende a gran parte del estado Miranda, lo que supone una enorme dificultad para que se garantice la atención de vecinos de Valles del Tuy, Guarenas, Guatire o Alto Mirandinos.
«El tema de la población autista evidencia, una vez más, como la educación especial quedó rezagada en el país. Condenaron a nuestros muchachos al peor de los abandonos. No hay políticas reales de integración para quienes tanto pueden dar a la sociedad. En países del primer mundo el Estado lucha por incorporar a pacientes con asperger, variante del autismo, a sus empresas. En Venezuela, estos son cada vez más invisibilizados», apuntó.
Sin derechos y con costos elevados
Para el año 2006 el país firmó el Tratado de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y hasta la fecha no se ha seguido actuando para que las personas con diversidad de aprendizaje sean sujetos de derechos.
Asimismo, la docente planteó que esta falta de atención supone un golpe al bolsillo de los padres. Detalló que estos ciudadanos merecen una dieta especial libre de gluten, así como la atención de personal especializado que hoy solo se encuentra en el sector privado.
Ante este complicado panorama, Contreras propuso que se realice con urgencia una Ley para atender la problemática de la mencionada población. Además exigió la reactivación en todos los estados del país de los Caipa. De esta forma se podrá lograr la integración e inclusión al trabajo y a la sociedad de estas personas con cierta condición. «Una vez que pasé la ola de contagios de covid-19 deben abrirse los centros Caipa y darle acceso a estos a la mayor población posible», dijo.
En este orden de ideas, instó a los organismos del régimen de Maduro a realizar un censo confiable que permita precisar la cantidad de casos de autismo en el país y garantizar su asistencia. Dijo que en la medida de lo posible, se debe avanzar en esta materia vía digital.
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