Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, denunció que las graves condiciones de salud de Karla Daniela Parra Suárez, una joven de 20 años de edad con ocho meses de embarazo que fue detenida junto a su pareja el pasado 30 de julio en el contexto poselectoral y que permanece detenida en una cárcel en el estado Guárico.
Oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a Parra Súarez y a su pareja, Abraham Armas Machado, de 19 años de edad, cuando se dirigían a bordo de una moto a buscar a su hija de 2 años de edad.
«En ese momento Karla tenía tres meses de embarazo y así se lo hizo saber a los funcionarios cuando la llevaron al comando de la GNB en Guárico, pero no les importó, porque igual fue agredida físicamente al igual que Abraham», indicó Sujú en una denuncia en sus redes sociales.
Actualmente la joven tiene ocho meses de embarazo y permanece detenida en el Anexo Femenino de la PGV, que se encuentra en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
Debido a las condiciones en las que se encuentra, así como la angustia emocional y psicológica por su embarazo, Parra Suárez presentó un sangramiento grave hace un mes. Fue hospitalizada en ese entonces, pero luego la devolvieron a la cárcel.
Su pareja, Abraham Armas, se encuentra en la cárcel Tocorón.
«Ambos fueron arbitrariamente detenidos, sometidos a torturas físicas y psicológicas y separados de su hija pequeña. La vida de Karla y su bebé corren peligro. Exigimos libertad para Karla y Abraham y todos los presos políticos», añadió la abogada.
#Venezuela. 📍Denuncia: ellos son Karla Daniela Parra Suárez (20) y Abraham Armas Machado (19). Pareja y padres de una pequeña de 2 y del que viene en camino.
Fueron detenidos el 30J cuando se dirigían a buscar a su niña en una moto, por la PNB. En ese momento Karla tenía 3… pic.twitter.com/flvtSVNQfR
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 12, 2024
Denuncian maltratos contra presos políticos
Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos que señalan que a los detenidos tras las protestas poselectorales los sometieron a golpes, privación de alimentos, agua y otros tratos crueles.
La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y la OEA, ha expresado preocupación y ha instado al régimen socialista a respetar los derechos humanos.
La respuesta de las autoridades ha sido, en muchos casos, de negación y represión. Sin embargo, la presión constante de las familias y las organizaciones de derechos humanos llevaron a que las autoridades «revisaran» cada uno de los casos.
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