El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) convocó el foro “Violencia de Género: Políticas Públicas para superarla”, en el que panelistas expusieron las dimensiones del drama y aportaron soluciones para afrontar este problema social en Venezuela.
El foro, también convocado por la UCAB, contó con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación y se realizó con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.
La violencia de género es considerada una “pandemia pública” que en Venezuela se ha agudizado con el covid-19 en 2021.
Este año se han reportado 30 feminicidios consumados y 11 frustrados, informó la organización CEPAZ. En el mundo, una mujer muere cada 50 minutos por esa causa.
Violencia de género impune
La ex parlamentaria Nora Bracho ofreció las cifras del país y estas evidencian que 67% de autores de violencia con arma de fuego están en fuga.
Un total de 126 mujeres y niñas han desaparecido en lo que va de 2021 y 40 mujeres han sido asesinadas por bandas del crimen organizado, en lo que además constituyen subregistros porque no existe información oficial al respecto.
Ramón Guillermo Aveledo expresó: «Ya no es problema extranjero ni una moda. Es un drama permanente y actual y también un problema venezolano”.
Mencionó la reciente denuncia pública de 23 futbolistas del equipo femenino de la Vinotinto encabezado por Deyna Castellanos, por estupro presuntamente por parte de un exentrenador de la selección.
“El Estado debe cumplir y hacer cumplir, como juran ritualmente los funcionarios al asumir sus responsabilidades, con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007”, señaló.
Políticas públicas contra la violencia
La abogada Griselda Barroso, integrante del Observatorio de Derechos de las Mujeres, manifestó en su exposición sobre Violencia Doméstica y Patrimonial la necesidad de aplicar políticas públicas que impulsen formación, concientización y sensibilización.
Indicó que esa formación debe inculcarse desde la niñez, en un esfuerzo mancomunado con los ministerios de Educación y Salud para afrontar la situación.
Sugirió reformar la ley orgánica para que la violencia doméstica, llamada también “violencia cruz” por sus implicaciones, sea catalogada como delito y no solo como una manifestación.
Ese tipo de fuerza física o psicológica contra la mujer, señaló, es cometido por ascendientes, descendientes, afines y colaterales.
“Esta violencia se ha incrementado debido al confinamiento por el covid-19”, aseveró.
También sugirió impulsar el reglamento especial para la ley orgánica. “Se está utilizando como ley complementaria el Código Orgánico Penal, o el COPP, y no están enfocados con el nuevo paradigma de los derechos de la mujer”.
Este tipo de violencia es la que «más ha ocupado espacios y estadísticas con una incidencia perniciosa sobre los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho de tener una vida libre de violencia”, dijo.
Se refirió a la violencia patrimonial y económica contra la mujer, considerada por las Naciones Unidas como una de las más atroces porque no permite el derecho a la sobrevivencia de las mujeres.
Se da cuando las mujeres rompen el convenio matrimonial o se divorcian y quedan en condiciones de pobreza, sujetas al chantaje, la amenaza y el ocultamiento de bienes por su conyugue o pareja sentimental.
Explicó que se consideró la necesidad de tener que tipificarla como un delito agresivo y atroz contra las mujeres por la condición de pobreza y desamparo en la que terminan, puesto que los hombres manejaban el recurso monetario.
Convenio 190 contra violencia a la mujer
Laura Acuña, consultora con especialización en temas laborales, negociación colectiva y género, destacó la importancia del Convenio 190, aprobado por la OIT el 21 de junio de 2019.
Además de la recomendación 206 que acompaña ese convenio. “El mundo del trabajo ya cuenta con una herramienta internacional, considerado un gran avance y que se plantea prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral”, precisó.
El Convenio 190 define la violencia y acoso en el mundo laboral como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables y de amenazas, que tengan por objeto causar o que puedan causar daño físico, psíquico, sexual o económico.
No obstante, Acuña señaló los desafíos que implicará para aquellos países que lo ratifiquen aplicar el convenio y ajustarlo a su normativa.
Conciliar la normativa interna con la internacional para crear un marco jurídico que establezca derechos y obligaciones para las relaciones laborales implica que el Estado debe considerar por igual las necesidades y posibilidades de empresas y trabajadores.
Hay que “establecer conductas que configuren violencia y acoso, y que esas conductas sean prohibidas e inaceptables; establecer mecanismos de denuncia y de defensa con procedimientos garantistas», puntualizó.
La especialista sostuvo que asimismo es necesario establecer sanciones y estas deben ser acordadas conforme al grado de responsabilidad. «Y también mecanismos de difusión y sensibilización sobre la materia”, agregó.
Conciencia contra la violencia de género
La enfermera Olga de Acevedo, especialista en lactancia materna y prevención de violencia obstétrica, se refirió a la cantidad de mujeres parturientas que sufren violaciones de sus derechos en centros de salud públicos y privados.
“Los que hemos vivido la violencia obstétrica sabemos la marca que deja esta agresión de por vida”. Resaltó la obligatoriedad de “crear conciencia y diálogo desde el amor” para prevenir este tipo de atropello.
Señaló la elevada tasa de cesáreas “sin criterio o justificación, sin decisión de la madre, porque el personal quiere irse a su casa o por cambio de guardia”; y el “ruleteo” en hospitales y clínicas por problemas administrativos.
Acevedo sumó a ese panorama el “inapropiado trato deshumanizado y lenguaje agresivo”, así como la discriminación que sufren mujeres por haber quedado embarazadas.
Llamó la atención sobre las fallas de infraestructura en hospitales públicos, y la situación de las madres cuando los bebés fallecen a las puertas de instituciones públicas.
Consideró la violencia obstétrica psicológica como la más frecuente y la violencia posparto como la que deja “marcas increíbles” y daños en la lactancia materna.
“¿Qué se está haciendo en Venezuela para enfrentar la violencia obstétrica? Tenemos las mejores leyes, ¿pero se está velando para que se cumplan?», planteó.
Violencia sexual y violencia de medios
La especialista Mireya Rodríguez, asesora de gobiernos de América Central para el diseño de políticas en materia de géneros, analizó la violencia institucional y de medios.
“Los Estados no solo están fallando en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sino que son ellos mismos generadores de esa violencia y esto es muy grave que lo diga un organismo como AI”, expresó la exparlamentaria.
Ubicó la violencia institucional entre los 21 tipos establecidos en la ley orgánica que la define como la omisión de organismos de Estado y funcionarios con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.
Llamó a trabajar de manera específica la violencia política, que está tomando auge en toda la región.
Sobre la violencia de medios de comunicación, Rodríguez considera que si bien estos cumplen el rol de canalizar información, también pueden distorsionar las costumbres y el comportamiento social.
“Se ha normalizado que haya violencia y eso definitivamente es una distorsión en la calidad de las relaciones entre los seres humanos y siempre son las mujeres las más afectadas”, opinó.
Destacó que las mujeres políticas tienen un trato y cobertura mediática desigual y particularmente en campañas políticas, dejando de lado su experiencia y trayectoria política, por lo cual el impacto es negativo.
Solicitó convertir el «potencial transformador» de los medios y que estos asuman su responsabilidad en la determinación de los comportamientos sociales, y apoyar así a las mujeres para que puedan ejercer libremente sus derechos en una vida sin violencia.