Debido a que Estados Unidos no puede emitir sanciones económicas contundentes contra el gobierno de Venezuela por el riesgo de incrementar la crisis que padece el país, expertos dudan que Nicolás Maduro negocie una salida pacífica del poder antes de su juramentación para un tercer mandato en enero de 2025.
Aunque la legitimidad de Nicolás Maduro en el país y en el exterior se debilita aún más tras las muy disputadas elecciones en Venezuela, Estados Unidos no revocará las licencias a las compañías energéticas que operan en el país. En su lugar, se espera que el Departamento del Tesoro sanciones individualmente a 15 funcionarios que presuntamente ayudaron a obstruir la votación del 28 de julio.
“Estados Unidos está buscando formas de responder simbólicamente a las elecciones sin exacerbar las vulnerabilidades de política interna como la migración y los precios más altos del petróleo antes de las elecciones de noviembre”, dijo Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group, a Bloomberg.
Si bien “eso deja más espacio para una negociación y un enfoque multilateral, no veo a Maduro bajo mucha presión para dejar el poder”, agregó.
¿Emitirá EE UU nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro?
La idea es que si Estados Unidos puede hacerles la vida difícil a los aliados y facilitadores de Maduro, estos podrían reconsiderar su lealtad.
Si bien las sanciones individuales pueden ejercer cierta presión en áreas estratégicas donde los individuos pueden no esperar ser afectados, es poco probable que produzcan cambios antes de que Maduro preste juramento para un tercer mandato en enero, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
Ese lapso de cuatro meses es una oportunidad crucial para que Estados Unidos y la comunidad internacional presionen a Maduro para que negocie antes de que asuma el cargo por otros seis años. Además, el año próximo se celebrarán elecciones regionales y parlamentarias.
Esa urgencia se ve subrayada por la rapidez con la que el líder venezolano ha creado la versión más represiva de su gobierno hasta el momento, tomando prestadas tácticas policiales al estilo cubano para reprimir las protestas e intimidar a los disidentes.
Apenas unos días después de la votación, las fuerzas policiales del gobierno detuvieron a 2.400 manifestantes, incluidos más de 100 menores de edad. Además, Maduro detuvo a cuatro destacados políticos de la oposición y ordenó el arresto del candidato presidencial Edmundo González, quien se vio en la necesidad de asilarse en España.
“Es poco probable que sanciones individuales y selectivas a la luz de la represión a esta escala hagan una diferencia en el cálculo de Maduro”, dijo Carrie Filipetti, directora ejecutiva de la Coalición Vandenberg con sede en Washington.
“La administración Biden debe mostrar liderazgo en este asunto y dejar en claro que habrá consecuencias reales. Hay una ventana cada vez más estrecha en la que podemos hacerlo de manera efectiva antes de que Maduro vuelva a tomar posesión ilegalmente”, añadió Filipetti.
Washington ha permitido que unas cuantas grandes petroleras sigan comprando y produciendo crudo venezolano, incluidas Reliance, Repsol y Maurel & Prom. La licencia para operar de Chevron Corp. fue renovada por otros seis meses a partir del 1 de septiembre.
Mientras que la industria petrolera siga principal motor que mantiene a flote la economía venezolana, Nicolás Maduro puede “probablemente sobrevivir” con el apoyo político y económico del eje autoritario, que incluye a China, Rusia, Corea del Norte y otros, dijo Berg.
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