«La desnutrición continúa haciendo estragos en el grueso de la población que, a pesar de las mejoras, sigue resistiendo a una crisis multidimensional que les impide alimentarse adecuadamente», afirmó el Observatorio Social Humanitario tras una reunión con un panel de expertos en asuntos de nutrición y seguridad alimentaria.
Maritza Landaeta, coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa, señaló que el promedio de ingresos de una familia venezolana impide acceso a alimentos de calidad para el consumo de comida balanceada y básica.
«Tenemos que diferenciar que hay varios mundos en Venezuela. Una cosa es lo que podemos tener en Caracas y otra en el interior del país. Es bueno diferenciar que la desnutrición aguda tiene una variabilidad muy grande. Puedes conseguir una comunidad con 3% y otra con 12% o 14%», dijo.
Y agregó: «Es igual con la desnutrición crónica, que no solo va a causar retardo en el crecimiento en la parte física, sino que también tiene un componente importante del desarrollo del ser humano. En la medida en que nos alejamos de los centros poblados del país, donde de alguna manera llegan con cierta regularidad programas como el CLAP el problema se vuelve mucho más complejo».
Señaló que aproximadamente 20% de los embarazos en Venezuela son de madres adolescentes.
«Que lo comienzan con déficit nutricional y que esto impacta directamente el desarrollo del niño. Nacen con falla de peso y en los primeros años del desarrollo de su vida no tienen un ambiente acorde para su crecimiento», indicó.
Landaeta destacó la necesidad de ampliar el radio de acción, pues considera que el problema nutricional impacta de manera diferenciada a los sectores. Por lo que se debe incorporar esa visión no solo al diagnóstico sino al abordaje.
Obligaciones del Estado
Lissette González, coordinadora de Investigación y Difusión de Provea, denunció la falta de acceso a la canasta alimentaria básica para la gran mayoría de la población.
Aseguró que el Estado venezolano falló en su obligación de proteger el derecho a la alimentación de los venezolanos.
“No hubo medidas para proteger el ingreso de los trabajadores. Y otra obligación es que los alimentos importados, tanto de los CLAP como de los bodegones, no pasan por los controles sanitarios del Estado venezolano, por lo que no nos están protegiendo», agregó.
Afirmó que el Estado tampoco dictó medidas o diseñó políticas que faciliten la alimentación de las personas.
«Está el tema de los servicios públicos como la escasez de agua, apagones y la escasez de gas para cocinar. Lo que tiene un impacto directo sobre la capacidad de la población para alimentarse. Por otra parte, los CLAP no se distribuyen con la misma periodicidad del pasado, y tampoco contienen alimentos nutritivos y necesarios. Los bonos de la patria también son insuficientes y tampoco hay criterios claros de asignación», dijo.
Para la investigadora, la negativa de la emergencia humanitaria del Estado venezolano perjudicó la entrada de ayuda humanitaria al país, por lo cual la asistencia a grupos vulnerables se retrasó.
«Y actualmente se sigue restringiendo la labor de los programas de campo y criminalizando la labor de las organizaciones humanitarias», denunció.
El Hatillo
Samuel Díaz, director general de la ONG Nutriendo el Futuro, explicó la labor de la organización en la población del Calvario, municipio El Hatillo del estado Miranda.
«Entendemos que el impacto de un comedor comunitario no se mide por la cantidad de alimentos que se reparte, sino se mide por los niveles de desnutrición que han disminuido. 61% de nuestros niños están hoy en el peso y talla que deberían estar de acuerdo con su edad. Quisiéramos que fuera mucho más, pero otros aspectos como el acceso a servicios públicos de calidad y el acceso al agua lo impiden», indicó.
Denunció el estado de desnutrición con el que están creciendo los niños venezolanos y sus consecuencias en el futuro.
«Los niños que hoy están creciendo en Venezuela están creciendo con un déficit calórico importante. Esto merma su desarrollo cognitivo y físico. Eso es un reto para nosotros porque tendremos una generación que viene con deficiencias a la hora del ingreso al mercado laboral. Hay que desarrollar una economía para que estas personas puedan ser incluidas y el desarrollo del país no se vea mermado», dijo.
Finalmente, Lissette González advirtió que a pesar de que se observen mejoras en los indicadores económicos, el Estado venezolano dejó de invertir en políticas públicas.
“La economía se recupera al costo de un aumento tremendo de desigualdad y de un retiro del Estado y el cese de los derechos de los venezolanos. La economía crece para un grupo que recibe ingresos en divisas, etc. El resto de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad cada vez mayor», advirtió.