La organización no gubernamental Control Ciudadano denunció que el Ministerio de Defensa aprobó un reglamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ratifica, de forma permanente, la participación de militares en las funciones del mantenimiento de la seguridad ciudadana y el control del orden público.
“Esta norma ratifica y fortalece el empleo de las comisiones mixtas que vienen operando con personal militar y de órganos de seguridad del Estado para tareas de seguridad ciudadana”, advirtió Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
Eso viola flagrantemente el artículo 332 de la Constitución, que define taxativamente los órganos de seguridad ciudadana y establece su naturaleza civil, afirmó la abogada.
La resolución N.º 048780, vigente a partir del 1 de diciembre, establece en su artículo 67 que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la tarea de conducir “operaciones para el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público en coordinación con el órgano rector en materia de seguridad ciudadana; el apoyo y la colaboración requerida, para garantizar la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.
“A pesar de los graves crímenes”
“Con este reglamento se insiste en otorgar funciones permanentes en el control de orden público y seguridad ciudadana a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar de los graves crímenes de derechos humanos cometidos por efectivos militares en el cumplimiento de estas funciones”, alertó San Miguel.
En el artículo 15, asimismo, se señala que las unidades y dependencias de defensa, los organismos de inteligencia y los organismos de seguridad ciudadana que se desplacen, muevan personal, materiales y equipos con fines de capacitación, adiestramiento o en cumplimiento de sus funciones en todo el territorio venezolano deben informar su ruta al Sistema Defensivo Territorial con 72 horas de anticipación.
También se establece, de acuerdo con un comunicado de Control Ciudadano, una vigilancia más estrecha sobre la actuación de los órganos de seguridad del Estado y las unidades de la FANB. Se trata, señaló, de una disposición que ya se había previsto en 2016 de manera general, pero que ahora se ejercerá de manera más estricta.