La ONG venezolana Clima21 advirtió este martes sobre el «deterioro continuo» de los ecosistemas costeros del país y aseguró que en el gobierno de Nicolás Maduro no hay «la voluntad ni la capacidad» de actuar frente a esta situación.
La organización difundió un informe en el que aseguró que «las alteraciones o perturbaciones más importantes a lo largo de la costa venezolana son los derrames petroleros, la contaminación por aguas servidas y desechos sólidos, la presencia de especies invasoras y la extracción insostenible de la diversidad biológica».
Para el estudio, Clima21 dividió las costas venezolanas en seis y aseguró que, en todas, las principales amenazas son los efectos de la crisis climática, la presencia de metales pesados en al menos tres zonas del país, la creciente presencia de microplásticos en los sedimentos costeros y la ausencia de consideraciones ambientales en el diseño de las políticas.
Así, la ONG destacó que en la costa noroccidental y centrooccidental de los estados Zulia, Falcón, Yaracuy y Carabobo la degradación ambiental es generada principalmente por la contaminación derivada de la industria petrolera.
Residuos sólidos y aguas no tratadas
En la región costera central -Carabobo, Aragua, La Guaira y Miranda-, la contaminación viene dada por «por residuos sólidos, aguas no tratadas y ausencia de criterios para la gestión costera» en cuanto a planes para la pesca y el turismo.
Ante la situación, la organización instó al gobierno a promover «una política nacional de conservación y uso sostenible de los ecosistemas costeros».
Igualmente, solicitó al Estado venezolano ser garante del cumplimiento de las normas constitucionales y legales de conservación de estas áreas «y no un promotor de su destrucción».
El 13 de junio, Fundaredes alertó que en el país existe una «grave emergencia ambiental» que afecta a «muchos» parques nacionales y que pone «en riesgo» la flora y la fauna de esos espacios.
Más recientemente advirtió también que «más de 1.200 hectáreas de selva virgen» en el estado Bolívar «han sido destruidas» como consecuencia de la explotación minera en la zona denominada por el gobierno como Arco Minero del Orinoco, de la que esta región forma parte.
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