El abogado Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, dijo que no hay posibilidad de que si Colombia decide retirar la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional ello incida en la investigación que la Fiscalía inició en pro de determinar responsabilidades por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Así lo aseguró Piñango durante un Twitter Space, en el que también participó Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), para analizar las implicaciones que tendría esa decisión del gobierno de Gustavo Petro en caso de concretarse.
Recientemente, el nuevo embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, consideró “un error” del entonces presidente de su país Iván Duque la denuncia contra Venezuela.
Colombia sobre los crímenes de lesa humanidad
“En la redacción del Estatuto de Roma no hay tal posibilidad de que el retiro de una remisión hecha por un Estado parte de la Corte pueda generar el decaimiento de una investigación, etapa en la que nos encontramos en el caso de Venezuela», dijo Piñango.
Y añadió: «Desde el momento en que la situación se remite a la Corte, la CPI es competente y el o los Estados que hicieron la remisión, en virtud del artículo 86 del Estatuto de Roma, tienen la obligación absoluta de cooperar plenamente con la Corte en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad. Además, porque ha firmado este tratado que es el Estatuto de Roma”.
Andrea Santacruz recordó que la investigación contra Venezuela se trató de la remisión de seis Estado (Grupo de Lima, donde está Colombia). En esta se consideró que en Venezuela ocurren crímenes atroces.
Aunque precisó que para el momento en que lo hicieron –el 20 de septiembre de 2018– ya la investigación se había iniciado de oficio meses antes.
Preocupación por declaraciones del nuevo gobierno
Piñango y Santacruz coincidieron en que con sus declaraciones o intenciones el nuevo gobierno de Colombia envía un mensaje de su posición sobre la impunidad en materia de crímenes atroces.
«Retirar la remisión manda un mensaje en contra de la lucha contra la impunidad en los casos de crímenes internacionales», expresó Piñango.
Afirmó que la Fiscalía de la CPI tiene fundamentos suficientes para creer que estos crímenes son perpetrados en el país.
Agregó que el mensaje de Colombia intenta obstaculizar la respuesta, la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas. «Muchos de los migrantes venezolanos en Colombia son potencialmente víctimas de crímenes de lesa humanidad. Entonces como Estado parte está llamado a cooperar con el proceso de investigación”, puntualizó.
Corte Penal como herramienta política
Santacruz añadió otro elemento: “Una preocupación personal es el uso de la Corte Penal Internacional como una herramienta política; la CPI es un espacio de justicia y las expectativas tienen que estar orientadas hacia eso, es complejo de entender. Puede que para muchos haya resultado insuficiente a lo largo de los años. Pero a lo que sí debemos apostar es por que sea un espacio que se mantenga para la justicia».
Es decir que la utilización del tribunal con una finalidad política hace un «flaco favor» a los procesos de justicia internacional. «En el caso particular de Colombia, que tiene una situación de violencia marcada y que incluso tuvo un examen preliminar abierto por muchos años, que se cerró recientemente, puede enviar un mensaje en contra de esto, creo que podría afectarlo”.
Piñango recordó que la investigación del caso de Venezuela ante la CPI está en curso una vez cerrada la etapa de examen preliminar que se abrió en 2018. Explicó que esta viene con nuevas prerrogativas para la oficina de la Fiscalía de la CPI. Entre ellas la selección y priorización de casos, la posibilidad de solicitar órdenes de arresto o de comparecencia, investigaciones en el territorio y otras facultades. Sin embargo, aclaró que aún no se conocen los casos que se investigarán.
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