apartamento baruta

El adulto mayor Melquiades Alvarado González, de 87 años de edad, denunció la venta ilegal de su apartamento por parte de una inquilina a una trabajadora de la Alcaldía de Baruta que ahora se niega a desocupar el inmueble.

A través de una serie de videos en redes sociales, Alvarado contó que adquirió el apartamento ubicado en las residencias Marienbad, en la avenida principal de Caurimare, municipio Baruta, en el año 1979 junto a su esposa María Ramírez.

En 2018, debido a problemas de salud, la pareja decidió alquilar el apartamento a una mujer identificada como Jemina Campos y ambos se fueron a vivir a casa de un hijo. Dejaron su propiedad a cargo de la inquilina, con quien firmaron un contrato de arrendamiento con opción a compra.

Dos años después, con la llegada de la pandemia en 2020, Campos le notificó a Alvarado que no podía pagar unas cuotas especiales establecidas en el contrato, por lo que acordaron que solo pagaría un monto mensual de arrendamiento hasta que culminara el contrato.

Este año, Alvarado dejó de recibir el pago del alquiler y en abril se enteró de que Campos Ormeño no estaba viviendo en el apartamento, sino otra familia. Por lo tanto, contactó a la persona que ocupaba el lugar, una trabajadora de la Alcaldía de Baruta identificada como Daniela Castro Veris.

La mujer dijo a Alvarado que había sido estafada con la compra del apartamento, por lo que realizaría una denuncia ante la Fiscalía, pero no se comunicó nuevamente con los afectados.

Melquiades Alvarado explicó que la persona que actualmente vive en su apartamento es directora de un departamento de la Alcaldía de Baruta, concejal y miembro de Fuerza Vecinal.

Señaló que a pesar de tener pruebas de que la venta del apartamento fue ilegal, la concejal de Baruta no quiso desalojar. «En el proceso legal se demostró que falsificaron el documento de venta. El notario está libre y la concejal también», manifestó.

La inquilina Jemina Campos, quien articuló la venta ilegal del apartamento, se encuentra detenida por estafa desde julio de 2023. Sin embargo, Alvarado señaló que tanto el notario como la concejal que se niega a desalojar se encuentran en libertad.

«Ahora nos robaron porque una concejal opositora del partido Fuerza Vecinal del municipio Baruta dice que es la dueña de nuestro apartamento. La inquilina actualmente está presa por muchos otros delitos y por nuestro caso», dijo en uno de los videos.

Reacción de la Fiscalía

Luego de que los videos del octogenario se hicieron virales en redes sociales, el fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de la Fiscalía 47 para investigar el caso.

Saab señaló en una publicación en la red social X que la venta del apartamento presuntamente fue idea del hijo de Melquiades Alvarado, cuyo nombre es Gerardo Alvarado.

Aseguró que el hijo de Alvarado forjó un documento en complicidad con Campos para dejar al anciano en la calle, por lo indicó que la fiscalía tramitará la imputación de Gerardo Alvarado.

Además, Saab también señaló que el Ministerio público solicitará ante tribunales la nulidad de la venta del bien y la restitución inmediata al legítimo propietario, Melquíades Alvarado.

En respuesta al anuncio de Saab, Alvarado realizó otra serie de publicaciones en las que aseguró que la versión del fiscal es totalmente falsa y que su hijo no estuvo involucrado en la venta ilegal del apartamento.

«Lo que informó la fiscalía es totalmente falso. Mi hijo y yo hicimos pruebas de caligrafía y tenemos la experticia que dicta claramente que ninguno de los dos vendimos mi apartamento», señaló Alvarado.

Explicó que su hijo Gerardo es su apoderado debido a su edad avanzada y a que su esposa, de 92 años de edad, padece demencia senil y se encuentra en cama desde hace más de un año.

«Quieren dañar a mi familia, pusieron a mi esposa en cama con las preocupaciones termino de perder la cordura. Tengo 87 años y mi esposa 92 años, nuestro hijo nos mantiene en vida y quieren jugar con la libertad de mi hijo Gerardo», señaló.

«Nuestro apartamento está en el municipio Baruta también, sin su ayuda no me lo van a devolver. Por eso tenemos miedo de ir al apartamento, porque en el municipio no nos ayudan, son personas influyentes del mismo municipio», agregó.


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