La administración de Nicolás Maduro informó el sábado que comenzó a trabajar en la «lucha contra las mafias hospitalarias», como ordenó el mandatario chavista el jueves. Esto con el fin de controlar que el personal sanitario no sustraiga material de los centros de médicos para venderlo posteriormente.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, señaló a través de su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con los titulares de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado; de Salud, Magaly Gutiérrez, y otros funcionarios de las instituciones involucradas, para «afinar» detalles de las estrategias a seguir para evitar incidentes que perjudiquen el sistema sanitario.
«Excelente reunión (…) para afinar estrategias de lucha contra las mafias hospitalarias, como garantía de protección al pueblo venezolano y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud», escribió Ceballos en la red social.
Propuesta de Maduro
Maduro propuso, esta misma semana, designar a «inspectores secretos» para cada hospital del país para hacer contraloría y ayudar a que los centros sanitarios «renazcan» y se «fortalezcan».
«Quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales (…) y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría y apoyar para que los hospitales renazcan, se fortalezcan», expresó en un acto televisado, donde agregó que «hay que enfrentar a las mafias» que hay en «algunos» centros.
«No digo en todos, no generalizo, pero existen (…) piden a los pacientes que compren las cosas afuera y ellos van al almacén, las retiran y las venden por fuera, existen y lo hemos comprobado», subrayó.
El mandatario agregó que ya hay un «grupo de personas», sin precisar cuántos, que trabajaban en hospitales que están siendo procesados por la Fiscalía venezolana.
Recientemente, el fiscal general, Tarek William Saab, explicó que, en cuatro años y medio que él lleva al frente del Ministerio Público, se han investigado 224 casos relacionados con el hurto de equipos médicos en hospitales y centros de salud, y 78 personas han sido imputadas