VENEZUELA

Acusan a Tarek William Saab de proteger a presuntos narcotraficantes

por Avatar Estefani Brito

Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional, denunció este martes la suspensión del proceso de investigación en contra de dos ciudadanos árabes por tráfico de cocaína.

Estas personas quedaron identificadas como Jorge Omar Wakfie Abdelnour y Mitchel Fannoun Wakfie. Palacios afirmó que existen pruebas que demuestran la incriminación de los Wakfie en el tráfico de más de 2.000 kilos de cocaína. El cargamento, indicó, partió desde Cabimas, estado Zulia, hasta la República de Belice, donde se estrelló la avioneta que lo transportaba.

“Eran los dueños de la avioneta y, al parecer, tienen relación con el fiscal usurpador”, señaló.

El parlamentario acusó al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, de ser el “mayor responsable de la ilegalidad en el país” y de ser “protector de narcotraficantes”.

 El hecho

Palacios contó que el hecho ocurrió el 26 de marzo de 2018, cuando la avioneta YV3224 se estrelló en Belice. El cargamento de drogas, continuó, fue rescatado por unas lanchas, dado que antes del siniestro fue lanzado a un río.

“La operación se concretó aun cuando la avioneta fue incautada por las autoridades de Belice”, destacó.

Mencionó que el caso lo llevaba la Fiscalía de Lara, en donde aparecen los individuos Asdrúbal Ramón Solórzano Morales y Carlos Alberto Albujas como supuestos propietarios de la avioneta. Estas personas, añadió, son las únicas detenidas por el caso.

Afirmó que la venta de la avioneta es amañada, porque estas personas no tienen recursos para comprar una avioneta. “Estos sujetos son personas de muy bajos recursos, que no tienen ingresos como para comprar una avioneta, que tiene un valor mayor a los 700.000 dólares”, subrayó.

Impunidad

Palacio recordó que los empresarios árabes-larenses habían estado involucrados en casos fraudulentos, anteriormente, cuando recibieron 30 millones de dólares de Cadivi para importar maquinarias. De acuerdo con investigaciones del propio régimen, mencionó, las maquinarias nunca llegaron al país.

“Este es un caso de impunidad de parte de la Fiscalía de la república, órgano que está encargado de castigar a los responsables de los delitos y, sobre todo, uno de los más graves como es el tráfico de droga”, enfatizó.