Las autoridades trasladaron a 38 reos desde el calabozo de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en La Morita hacia el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón. Ese era uno de los reclamos de los 117 detenidos que estaban en una de las 8 celdas del retén.
El periodista Eligio Rojas informó que solo se reubicó a esta cantidad de personas porque ya tienen una condena impuesta por un tribunal. El resto (79) permanecerá en La Morita.
Para ejercer presión, los hombres secuestraron a cuatro policías desde el lunes hasta la madrugada de este miércoles. La liberación se logró después de una negociación con un equipo dirigido por Remigio Ceballos, ministro de Interior, Justicia y Paz, según Rojas.
En una foto se observan a los oficiales Rubén Rojas, Darwin Alvarado y Saulo Quiñones. Y, aunque no se ve a Katerin Vargas, la cuarta rehén y la única mujer del grupo, el periodista aseguró que todos están bien de salud.
Malos tratos y extorsión
Los reos habían denunciado, en videos difundidos en las redes sociales, corrupción y que los custodios los sometían a malos tratos, condiciones inhumanas y extorsión.
Foto: @ELESPINITO
“Estamos exigiendo, ya que recibimos muchos abusos de estos policías, que nos trasladen para los penales de origen para seguir pagando por el error cometido”, dijo el preso que grabó la situación dentro de La Morita.
En la negociación con el equipo de Ceballos, indicó el periodista, participaron Miguel Domínguez, segundo al mando de la PNB, y Alana Zuluaga, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Además de médicos, psicólogos y bomberos.
Familiares pedían no allanar el centro
Los allegados habían pedido a las autoridades, de acuerdo con la información publicada por El Periodiquito, no allanar ni cortar los servicios básicos, como la electricidad ni el agua, para evitar que se generaran graves consecuencias.
En otro video, los presos habían mostrado a los cuatro funcionarios como garantía de que no habían sufrido daño y de que estaban bien. “¿Te hemos tocado, te hemos aporreado, te hemos puyado? ¿Todo bello?”, preguntó a uno de los uniformados el recluso que grababa el momento.
Capturas de video
Los detenidos acusaban a los oficiales de cobrarles extorsión para que les permitieran algunos beneficios.
Aseguraron que los custodios les exigían dinero para recibir los alimentos que les llevan sus familiares y permitirles el acceso a comida, agua y cocinas eléctricas. Además, de no pagar las cuotas, les restringen sus traslados a los tribunales, las visitas de sus familiares y los mantienen en celdas ya precarias en condición de hacinamiento.
Hasta 200 dólares semanales
Uno de los detenidos también aseguró que los uniformados pueden cobrarles hasta 200 dólares semanales.
“Estamos cansados del atropello, de la matraca (extorsión), del abuso; tenemos que darles 150 dólares, 200 dólares semanales, para poder estar con la familia. Cada uno de nuestros familiares (está siendo) extorsionado por ese director de aquí. No es justo, queremos traslado para nuestro penal de origen”, reclamó.