Un total de 31 organizaciones dijeron este martes que las recientes detenciones de tres personas en el estado Portuguesa son «actos de persecución y represión» que «incumplen lo establecido en el acuerdo de Barbados», pacto firmado entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
«Denunciamos y rechazamos ante la comunidad nacional e internacional la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas», expresaron a través de un comunicado.
Dijeron que Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez fueron detenidos «sin ninguna orden judicial» y por «presuntos funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), en el marco de una visita de líder opositora María Corina Machado a Portuguesa para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD para las presidenciales del 28 de julio.
Castillo es director del comando de campaña de Vente Venezuela, el partido de Machado; Díaz es vicepresidenta de la formación Primero Justicia, y Castañeda participó en el acto opositor en el municipio Turén.
Cese de persecución
«Al ser el primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, constituye un grave precedente que puede influir negativamente en el desarrollo de la campaña electoral, así como en los derechos de elegir y ser elegidos de toda la población venezolana», dijeron las entidades firmantes.
Las 31 organizaciones recordaron que el acuerdo de Barbados establece la «promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo», así como «la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional».
Exigieron al Estado «el respeto a la vida e integridad de los tres ciudadanos detenidos arbitrariamente», así como «el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza».
Pidieron «el cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales».
Entre los firmantes, que incluyen organizaciones sociales y de derechos humanos, están Acceso a la Justicia, Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela y Observatorio de Violencias LGBTIQ+.