Un total de 31 organizaciones dijeron este martes que las recientes detenciones de tres personas en el estado Portuguesa son «actos de persecución y represión» que «incumplen lo establecido en el acuerdo de Barbados», pacto firmado entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
«Denunciamos y rechazamos ante la comunidad nacional e internacional la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas», expresaron a través de un comunicado.
Dijeron que Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez fueron detenidos «sin ninguna orden judicial» y por «presuntos funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), en el marco de una visita de líder opositora María Corina Machado a Portuguesa para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD para las presidenciales del 28 de julio.
Desde la Plataforma Unitaria Democrática, condenamos y expresamos nuestra preocupación e indignación por la desaparición de tres ciudadanos y dirigentes de los comandos de campaña municipales #ConVzla del estado #Portuguesa en las últimas 24 horas, luego de los exitosos actos de…
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) April 29, 2024
Castillo es director del comando de campaña de Vente Venezuela, el partido de Machado; Díaz es vicepresidenta de la formación Primero Justicia, y Castañeda participó en el acto opositor en el municipio Turén.
Cese de persecución
«Al ser el primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, constituye un grave precedente que puede influir negativamente en el desarrollo de la campaña electoral, así como en los derechos de elegir y ser elegidos de toda la población venezolana», dijeron las entidades firmantes.
Las 31 organizaciones recordaron que el acuerdo de Barbados establece la «promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo», así como «la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional».
Exigieron al Estado «el respeto a la vida e integridad de los tres ciudadanos detenidos arbitrariamente», así como «el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza».
Pidieron «el cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales».
Entre los firmantes, que incluyen organizaciones sociales y de derechos humanos, están Acceso a la Justicia, Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela y Observatorio de Violencias LGBTIQ+.