Un grupo de activistas por los derechos humanos exigió el martes 28 de enero a la Corte Penal Internacional (CPI), a la Organización de Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mayor presión al Estado venezolano para que libere a los presos políticos y garantice las condiciones adecuadas de reclusión.
Durante una rueda de prensa, familiares de presos políticos en Venezuela alertaron a los organismos internacionales sobre lo que viven más de 1.600 personas que continúan tras las rejas, además, destacaron que la desaparición forzada y otros tipos de violaciones de derechos humanos se están normalizando en el país.
Presos políticos sufren violaciones de derechos humanos
Denunciaron que a los presos políticos no se les permite el derecho a la defensa y se viola el debido proceso, porque no se cumplen los parámetros legales que establecen las leyes nacionales e internacionales sobre las personas privadas de libertad.
“En Venezuela existe una violaciòn sistemática de derecho fundamentales de los presos políticos; no se garantiza el derecho a la vida, se restringe el acceso a la alimentación, al agua y a la medicación. Las muertes bajo custodia son un recordatorio trágico de las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela”, expresó Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.
También indicaron que los tratos crueles, degradantes y humillantes constituyen una violacion de los derechos humanos que generan daños psicológicos y morales a los detenidos como a los familiares.
Sairam Rivas, pareja del activista Jesús Armas, quien está detenido en El Helicoide, pidió un pronunciamiento de parte de los organismos, instancias, grupos de trabajo internacionales en materia de derechos humanos sobre la situación, la cual calificó de crímenes de lesa humanidad.
Exigió que intermedien para que cesen las detenciones arbitrarias, se les dé libertad, tengan acceso a visita y llamadas en este tiempo de injusta represion.
A través de un comunicado, el grupo de familiares exigio a Nicolás Maduro y al fiscal general, Tarek William Saab, revisar todos los casos de personas presas por razones políticas y otorgarles la libertad.
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