sociedad civil
Foto: civilisac.org

La ONG Acceso a la Justicia denunció este miércoles que el chavismo busca controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela a través de la ley de regulación y fiscalización de organizaciones no gubernamentales, aprobada en primera instancia a la espera de una segunda discusión.

En una nota de prensa, la ONG aseguró que la ley, promovida por la contundente mayoría oficialista de la Asamblea Nacional «afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro existentes, sean estas de hecho o de derecho».

«Atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios», señala el escrito.

Organizaciones de la sociedad civil

Acceso a la Justicia advierte que, de la forma en que se redactaron los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones que defienden derechos humanos, sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto».

La ONG cree que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas «se considerarán organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro, pues de lo contrario no podrán funcionar».

Multas de hasta 12.000 dólares

Esto, prosigue la nota, significa que todas estas organizaciones deberán cumplir «la avalancha de trámites» que contempla el proyecto legal, pues de lo contrario podrían ser objeto de multas de hasta 12.000 dólares.

«La amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil organizada en Venezuela y muestra una vocación totalitaria del partido de gobierno», añade la ONG.

El chavismo ha reiterado que numerosas ONG funcionan como operadores políticos en contra de la llamada revolución bolivariana, y por ello busca establecer mecanismos que permitan identificar la procedencia de las donaciones que reciben.


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