Según un informe presentado por la ONG Acceso a la Justicia, la atención judicial a las mujeres en Venezuela presenta serios problemas debido a la «falta» de personal especializado y la «insuficiente» formación en temas de género.
El documento presentado este jueves, asegura que en un país con una arraigada «cultura machista», las mujeres enfrentan desconfianza en su testimonio y motivación al interactuar con el sistema judicial.
La revictimización, señalada en el informe, se convierte en un obstáculo para que las víctimas busquen justicia y protección legal, lo que perpetúa la impunidad en casos de violencia de género. El cuestionamiento constante hacia las víctimas y la falta de apoyo generan sentimientos de desamparo y menosprecio, mientras que los prejuicios de los operadores de justicia influyen en la credibilidad otorgada a las mujeres afectadas, socavando así sus derechos a protección y una sentencia justa.
Además, el documento destaca que, sumado al machismo arraigado como problema estructural, la falta de voluntad política para abordar estos asuntos sociales traba cualquier intento de transformación en el país. Estos factores, junto con la pérdida de capacitación e insensibilización en las instituciones debido a la migración y los bajos salarios, contribuyen a la perpetuación de la desigualdad y la injusticia en el sistema judicial venezolano.
Problemas en la atención a mujeres
Durante la presentación virtual del informe, la activista Estefanía Mendoza, directora de la ONG Mulier, resaltó la urgencia de abordar estos problemas estructurales y la necesidad de reforzar la capacitación y sensibilización en las instituciones para garantizar una atención justa y equitativa a las mujeres que son víctimas de violencia de género en Venezuela.
«Tenemos una situación en la que esa inversión, que es casi nula o inexistente, pero la poca que existe, que en muchos casos recae en organizaciones de la sociedad civil o en organizaciones de las Naciones Unidas, pues también se pierde por el fenómeno de la migración y los bajos salarios», sostuvo.
Además de la falta de personal especializado, el informe señala problemas como una «inadecuada» infraestructura, condiciones «precarias» de instalaciones y accesibilidad «limitada» para personas con discapacidad, además de «obstáculos» en la implementación de medidas de protección y «demoras» en la atención de casos.
Por tanto, entre otras recomendaciones, el informe insta a mejorar la infraestructura y dotar a los tribunales de los recursos necesarios, así como implementar programas de formación y sensibilización para el personal judicial en temas de violencia de género.
En noviembre, las autoridades venezolanas informaron de un plan «estratégico» de atención en distintas áreas con el propósito de construir una sociedad «más justa e igualitaria» en favor de las mujeres.
Según datos oficiales, un total de 540 hombres fueron condenados por feminicidios en siete años -hasta octubre pasado-, cuando la Fiscalía registró 1.279 causas relacionadas con este crimen.
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