Miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República y del Frente Institucional Militar en defensa de los derechos humanos dirigieron a la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación en la que abogan por la libertad de presos políticos en Venezuela y expresan su preocupación por el futuro y destino del sistema de justicia internacional.
En la carta, exhortan a la CPI a investigar y exigir la libertad de los militares presos durante el gobierno de Nicolás Maduro, a su juicio, injustamente encarcelados «por defender valores democráticos».
Expresan que los venezolanos, al igual que muchos pueblos del mundo, confían en tener órganos eficientes, «no estructuras burocráticas onerosas, por considerar una vía civilizada expedita, para lograr un mundo más justo, en el que la defensa de los derechos humanos, que ha adquirido rango de jurisdicción universal, sea eficiente, para evitar grandes conflictos y hasta guerras”.
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Igualmente, señalan que han transcurrido cuatro años desde el inicio del proceso, y casi un año desde que el nuevo fiscal Karim Khan asumió el cargo, teniendo estructurado el expediente sobre las violaciones de derechos Humanos en el país, con bases razonables que determinan que funcionarios de alto nivel en Venezuela, «han cometido crímenes de lesa humanidad y aún estamos en espera de la apertura del juicio».
Agregan que existen países oprimidos por tiranos, «que secuestran el poder a través del engaño y la fuerza de las armas, cometiendo los más atroces crímenes de lesa humanidad, para perpetuarse en el poder, conduciendo en consecuencia a los pueblos, a crisis inimaginables como es el caso de Venezuela».
Las víctimas esperamos – añaden – que el fiscal de la CPI, «ahora no esté prestado a la diplomacia en Venezuela. Su función es de acusador, por lo que deberá ejercer la acción penal ante esa Corte solicitando la apertura del juicio».
Explican que «las mazmorras del régimen siguen abarrotadas de presos políticos, y se calculan actualmente, más de 110 presos políticos militares, en tanto que prosiguen las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y el ataque a los medios de comunicación».
Finalmente, consideran que Javier Tarazona y Roland Carreño, así como los sindicalistas y los militares detenidos, son los presos políticos más emblemáticos del régimen de Maduro, «junto con los rehenes norteamericanos, lo cual afecta el desarrollo democrático de la nación venezolana, por lo que con más razón la Corte Penal Internacional debería ya pronunciarse y dictar su veredicto final».
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