Miguel Forero, abogado del activista Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, denunció que los tribunales no le han suministrado un informe médico sobre el estado de salud de su cliente.
En una entrevista durante el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Forero dijo que no ha podido ver a Tarazona y que el equipo jurídico tampoco ha podido entrevistarse con él en la sede del Sebin.
El abogado añadió que el estado de salud del director de Fundaredes es delicada, pues tiene más de 15 patologías confirmadas.
El activista de derechos humanos padece hipertensión, colon irritable y problemas de columna, lo que le ha ocasionado cifosis dorsal porque tiene sobrepeso, señaló el abogado.
A Tarazona lo detuvieron el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la policía de esa entidad, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y hombres sin identificar, denunció entonces Fundaredes.
Está detenido en El Helicoide por los delitos de promoción e incitación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Sin embargo, Forero asegura que la visión del proceso es política y está apartado del debido proceso.
Añadió que cada vez que el Estado no puede asegurar la presencia de los funcionarios en el proceso, este se retrasa con medios de pruebas documentales.
«Este proceso pudo terminar antes, pero por motivos ajenos a nosotros no se ha podido», dijo.
Hasta la fecha quedan cuatro testigos, cinco funcionarios actuantes y la declaración de dos víctimas.
Las cuatro medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Tarazona no han sido consideradas por el Estado venezolano.
El abogado dijo que lamentablemente a esas medidas de protección internacional el Estado no las ha tomado en cuenta.
Manifestó que una medida humanitaria es necesaria para este tipo de situaciones y recordó que otros presos, que están en la misma condición de Tarazona, también han recibido medidas cautelares.
«No hemos visto esa voluntad. La visión del proceso es política y debe estar apartado del debido proceso», señaló.