El diario español ABC reveló que la aerolínea Plus Ultra estaba en causa de disolución más de un mes antes de que el Consejo de Ministros de España le concediera 53 millones de euros usando el Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas.
«La última cuenta de resultados aprobadas hasta el 31 de enero de 2021, y depositadas en el Registro Mercantil, muestran cómo Plus Ultra había multiplicado por diez sus pérdidas en un año. De los casi tres millones de euros (2.781.882 euros) que perdió en el ejercicio 2019/2020 pasó a tener un déficit de más de veinte millones de euros en el ejercicio 20/21», reseñó ABC.
El texto agregó que todo ello, tras ingresar 34 millones de euros, poco más de un tercio que en el periodo anterior (94 millones), por la parálisis operativa que se produjo con motivo de la pandemia. «Con este balance, la aerolínea lleva acumulados más de 33 millones de euros de pérdidas desde su fundación».
El balance también reflejaba que la necesidad de liquidez era urgente, con un fondo de maniobra negativo de más de 31 millones de euros y una deuda con proveedores a corto plazo superior a 20 millones.
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Fuentes consultadas por el periódico español determinan que la empresa estaba en situación de insolvencia para el momento por lo que necesitaba con urgencia 23 millones para poder seguir operando.
Sin cumplir objetivos de 2021
La compañía reconoció en días pasados que no cumplió los objetivos propuestos para 2021 del plan de viabilidad enviado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales con motivo de ser rescatada.
Plus Ultra aseguraba que tenía previsto empezar a recuperarse en 2021 y que llegaría a niveles previos a la pandemia en 2022. Sin embargo, en la actualidad no espera recuperarse plenamente hasta los cursos 2023 y 2024.
La aerolínea cerró 2021 con una disminución de 26% en el volumen de pasajeros a pesar de la recuperación del tráfico aéreo a Iberoamérica, su principal centro de operaciones.
Los peritos del ‘caso Plus Ultra’ volvieron a ratificar sus conclusiones en el careo celebrado este martes ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea, por lo que se mantienen las diferencias sobre la situación patrimonial de la compañía.
Los peritos independientes, reseñó ABC, han insistido en que Plus Ultra se encontraba en causa de disolución al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo.
Instan revelar informes para la concesión
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instó en días pasados al Ministerio de Transportes a facilitar a la persona que se los solicitó copia de los informes en los que se basó el Ejecutivo para conceder una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra en marzo de 2021.
Así lo ordena el órgano que preside José Luis Rodríguez en una resolución, recogida por Europa Press. En esta estima la reclamación presentada por la persona a la que el ministerio que ahora dirige Raquel González rechazó enviar esos informes.
Alegó, que su divulgación supondría un perjuicio para «la garantía de la confidencialidad o secreto requeridos en procesos de toma de decisión».
Además de los documentos redactados por Transportes sobre la solicitud de rescate de Plus Ultra -aprobado siendo ministro José Luis Ábalos- esta es la reclamante que solicita a todos los que obren en poder del ministerio sobre este asunto y que fueran «determinantes» para la concesión de las ayudas.
El pasado mes de mayo la Dirección General de Aviación Civil denegó la remisión de esos informes con el argumento de que el documento sobre Plus Ultra que redactó para la SEPI «tiene carácter reservado», en virtud del Real Decreto ley aprobado en julio de 2020 de medidas urgentes para la reactivación económica y del empleo.
En su resolución sobre el recurso planteado por la demandante de la información, el Consejo de Transparencia admite que el citado decreto ley establece una reserva específica de confidencialidad. Sin embargo, sostiene que no puede considerarse que esa información sea «materia clasificada» en función de lo previsto en la Ley de Secretos Oficiales.
En concreto, el decreto ley dispone que «los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado. Y con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán divulgarse a ninguna persona o autoridad. Tampoco, utilizarse con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos».
Pero Transparencia recalca que esa reserva de confidencialidad no implica que se trate de «materia clasificada». Esto, ya que, según la Ley de Secretos Oficiales, solo se puede dar esa categoría a «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».
En cualquier caso, Transparencia sostiene que no puede obviarse la reserva de confidencialidad. A pesar de eso remarca que «al igual que sucede con el alcance de los derechos, tampoco los límites legales a los mismos pueden entenderse en términos absolutos, de modo que excluyan por entero la posibilidad de su ejercicio- Esto vaciándolos de contenido y sacrificando íntegramente la posición jurídica que reconocen a sus titulares, en este caso, el acceso a la información pública concernida».