Ejecuciones extrajudiciales de 23 personas por parte de organismos de seguridad del Estado, ocurridas el pasado 8 de enero de 2021 en La Vega, Caracas, en el contexto de una serie de operativos de seguridad, permanecen impunes. Así lo reveló un informe presentado por la ONG Provea y el Centro de Investigación Gumilla, a través de su proyecto Lupa por la Vida.
En el documento titulado A un año de la masacre de La Vega: Responsables deben rendir cuentas ante la justicia, denunciaron que dichas ejecuciones extrajudiciales podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Una política apuntalada por una impunidad estructural que favorece la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado venezolano, señaló el informe.
Las organizaciones indicaron que luego de que familiares presentaron denuncias formales ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, hasta los momentos no se conoce avance en las investigaciones.
Casi la totalidad de las 23 víctimas primero fueron detenidas y posteriormente asesinadas delante de sus familiares o en lugares cercanos, de acuerdo con el informe, donde también se reveló la identidad de algunos de los funcionarios que participaron en los operativos.
La versión oficial sobre estos hechos indicó que todos los heridos y asesinados durante los operativos eran presuntos delincuentes que fallecieron en enfrentamientos con los organismos de seguridad.
Alfredo Infante, párroco de la iglesia San Alberto Hurtado de La Vega y miembro del Centro Gumilla, aseguró que a pesar de la magnitud de los hechos, ni el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, ni el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se han pronunciado tras 12 meses y no han abierto ninguna investigación que se conozca.
Marino Alvarado, Coordinador de Investigación de Provea, destacó que la Defensoría del Pueblo debe convocar y acompañar a los familiares en la exigencia de justicia, exhortando y cooperando con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades venezolanas a investigar a los autores materiales y la cadena de mando con responsabilidad en los crímenes perpetrados en La Vega, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito entre el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Además, piden que se disuelva a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana por su amplio prontuario de graves violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, señalan que se debe indemnizar a cada una de las familias afectadas por las graves violaciones de derechos humanos.