Este 2022 se cumplió un año de la aprobación de la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, pero los casos de este delito en todo el país siguen en aumento.
Entre enero y octubre de este año se han contabilizado 1.024 casos de pedofilia, según la Fiscalía venezolana. El organismo señala que fueron imputados 1.426 agresores y que hasta el momento se ha condenado a 752 personas con penas de entre 25 y 30 años.
La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) indicó en su informe de Servicio de Atención Jurídica que entre abril 2021 y marzo 2022 se registró un incremento de 27,08% en solicitudes relacionadas con casos de abuso sexual (24,59% casos recibidos de abuso sexual).
El Servicio de Atención Psicológica de Cecodap señaló que el ingreso de pacientes por violencia sexual aumentó 91% desde 2018 a 2021.
«Se puede observar entonces que, hasta los momentos, la implementación de esta ley no ha cumplido con la finalidad que se lee en su cuerpo: garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes sus derechos a ser protegidos contra cualquier forma de abuso sexual», alertó Cecodap.
La organización destacó que pese a la aprobación de la ley, esta no logrará su finalidad si no es acompañada con el desarrollo de políticas públicas, programas y servicios; con recursos asignados de forma prioritaria y con funcionarios especialmente capacitados.
Además es necesario el «fortalecimiento institucional adecuado para una correcta articulación por parte de los integrantes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y otros organismos del Estado».
Cecodap indicó que en el «nuevo cuerpo normativo no hay menciones específicas con relación a los protocolos de atención a las víctimas, siendo una de las principales deudas legislativas, tampoco se desarrolla un régimen sancionatorio y disciplinario para aquellos funcionarios públicos que amenacen o violen los derechos especialmente reconocidos en esta ley cuando la víctima sea un niño, niña o adolescencia».
«También destaca el rol fundamental que tienen las instituciones y centros educativos, ya sean oficiales o privados, para dar a conocer e informar a todo el alumnado en los distintos niveles de educación, acciones para la prevención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes», dice la organización.