Este miércoles, 15 de enero de 2025, se cumplen ocho años del asesinato del policía Óscar Pérez y seis de sus compañeros en la organización clandestina que constituyeron para enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro con las armas, en una operación conocida como “la masacre de El Junquito”.
Casi una década ya, pero el caso sigue en el limbo informativo y jurídico del primer día. Lo que sí ha variado es la valoración de su figura, que en el silencio impuesto por la férrea censura y cruel represión que ha venido incrementándose en Venezuela, no ha parado de crecer hasta constituir un mito; y se murmura, incluso, acerca de una especie de culto que ha hecho de Pérez un mártir venerado en altares escondidos en el país profundo.
El compendio de los hechos por los que Óscar Pérez salió del anonimato y cobró celebridad en pocos días está contenido en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de donde extraemos la información expuesta a continuación. La mencionada institución abrió el Caso Nº 14.178, referido a “responsabilidad internacional del Estado venezolano por las ejecuciones extrajudiciales de siete víctimas por parte de agentes estatales en enero de 2018, así como por la situación de impunidad de los hechos”.
Óscar Pérez había sido buzo de combate, piloto de helicópteros, paracaidista y adiestrador canino. Combinaba, pues, su condición de joven y atlético oficial de policía con entrenamiento militar y la faceta de actor. La suma de sus habilidades, así como su personalidad carismática, su natural audacia y deseo de protagonismo, le permitieron llevar a cabo acciones sumamente atrevidas y mediáticas.
“¡Plomo con los grupos terroristas!”
Oscar Pérez, establece el informe, era un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). El 27 de junio de 2017, subió un video en YouTube donde criticaba al gobierno de Maduro y solicitaba su renuncia. Poco después, Pérez y sus compañeros de infortunio crearon la agrupación “Movimiento Equilibrio Nacional”, que a mediados de diciembre de 2017 ingresó a un cuartel de la Guardia Nacional, en San Pedro de Los Altos, y se llevó varios fusiles y pistolas. El 19 de diciembre de 2017, Pérez publicó un video de lo ocurrido en su cuenta de Twitter, donde decía que había realizado “la Operación Génesis”, a la que aludió como una acción para recuperar “las armas del pueblo y para el pueblo”, según él en acatamiento legítimo “a los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional”, que llaman a restablecer la vigencia de esta.
Ese día, Maduro declaró en respuesta y ordenó que: «donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ¡plomo con los grupos terroristas! ¡Plomo con ellos, compadre!». La suerte de Óscar Pérez y sus compañeros quedó echada.
La condena a muerte no amilanó a Óscar Alberto Pérez, nacido en Caracas, el 7 de abril de 1981. De manera que el 27 de junio de 2017, convencido de que la violencia era la única vía para generar el cambio político que las mayorías ya reclamaban, robó un helicóptero policial de la base aérea de La Carlota y desde allí despegó en dirección al Tribunal Supremo de Justicia, contra el que lanzó granadas. En declaraciones dispersas había establecido que su objetivo era denunciar la crisis humanitaria compleja que enfrentaba -y aún padece- el país, así como llamar a la población a levantarse en armas, proyecto, por cierto, que no estaba, ni está, en el ánimo del pueblo venezolano, determinado, como quedó de manifesto el 28 de julio, a retornar a la democracia por la vía del voto.
Tras el ataque al Tribunal Supremo, Pérez y su grupo se escondieron en varias localidades, donde se enfrentaron en diversas ocasiones a las fuerzas de seguridad. Hasta que, al final, fueron acorralados en una casa en El Junquito, donde se produjo el enfrentamiento armado que terminó con el asesinato de Pérez y sus acompañantes.
Quinientos contra siete
En la mañana del 15 de enero de 2018, precisa el informe de la CIDH, unos 500 miembros de fuerzas de seguridad llegaron a una casa en El Junquito, donde se encontraban las siete víctimas: Óscar Pérez, Israel Abraham Agostini, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Andreína Ramírez Montilla.
Sabemos lo que ocurrió allí ese día porque Óscar Pérez alcanzó a grabar una serie de videos que difundió en las redes sociales, donde informó que él y su grupo se habían rendido y que estaban dispuestos a negociar con las fuerzas de seguridad para entregarse. “A pesar de ello, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, usando armamento pesado y un lanzagranadas”, recoge la CIDH.
Lo siguiente que se vio fue el video donde un Óscar Pérez ensangrentado clamaba que que las autoridades les estaban disparando y que les habían dicho que los iban a matar, así como otro donde se le veía pidiéndoles a los agentes que no dispararan. Fue inútil. Todos fueron masacrados.
SANGRE POR LIBERTAD.
EL ASESINATO DE ÓSCAR PÉREZ NO PUEDE QUEDAR IMPUNE ANTE EL ATROPELLO DE UNA DICTADURA DESQUICIADA POR EL PODER Y EL NARCOTRÁFICO. pic.twitter.com/xJcZ4vXy3o
— Bėlico. (@WarBelico) January 12, 2025
Las fotos de los cadáveres fueron publicadas en el diario El Mundo, donde se afirmaba que los cuerpos tenían heridas en el cráneo, evidencia de que las víctimas habían sido ejecutadas por “tiros de gracia” disparados a la cabeza.
El régimen impidió a los familiares que hicieran un funeral a sus seres queridos. Solo se les permitió un entierro controlado, sin velatorio ni derecho a elegir el lugar de sepelio, ni vestir a sus muertos con ropa limpia.
Orden dada, orden cumplida
En rueda de prensa, el 16 de enero de 2018, el entonces Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que se había desmantelado a un grupo terrorista tras un enfrentamiento armado en una vivienda en El Junquito. “Se intentó negociar una solución pacífica, pero las víctimas iniciaron un fuerte enfrentamiento armado, lo que resultó en la muerte de dos agentes estatales y lesiones a otros ocho agentes”. Reverol dijo que se habían respetado “los principios de uso progresivo de la fuerza” y que se había procedido “de acuerdo con protocolos internacionales para neutralizar el grupo agresor, lo que resultó en el lamentable saldo de siete terroristas fallecidos”.
Ese mismo día, Maduro se jactó: “A 17 días de dar la orden, orden cumplida. Mi reconocimiento al comandante estratégico operacional, al ministro Reverol, a las fuerzas especiales de la Guardia, de la Armada, del Ejército, de la Policía Nacional Bolivariana”. No terminó aquí el cumplimiento de la orden. Después de la masacre, los familiares de las víctimas sufrieron intentos de allanamientos, amenazas y hostigamiento.
La Comisión de CIDH determinó que no se había cumplido con el principio de absoluta necesidad, dado que el Estado no presentó ninguna documentación que acreditara algún tipo de resistencia con armas de fuego por parte de las víctimas ni que hubiese existido riesgo de fuga. Y consideró que el Estado no había adoptado medidas menos lesivas que el uso de la fuerza letal. “En particular, notó que los agentes estatales realizaron múltiples disparos, durante periodos prolongados del tiempo, mientras las víctimas ya habían anunciado su rendición, así como que el Estado desplegó un operativo con aproximadamente 500 agentes, incluyendo fuerzas militares, equipados con armamiento de guerra para reducir a un grupo de siete personas que se encontraban en un domicilio. La Comisión observó que las siete víctimas fallecieron como consecuencia de un disparo en la cabeza y que no se evidencia la existencia de un enfrentamiento armado, sino que por el contrario, las víctimas habrían sido retenidas con vida y posteriormente, habrían recibido un disparo en la cabeza”.
Un año después, el exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Manuel Cristopher Figuera, declaró para CNN que Nicolás Maduro había sido quién ordenó matar Óscar Pérez y sus compañeros.
Mártir o loquito
Si bien es cierto que hay quienes consideran a Óscar Pérez un héroe de la resistencia, símbolo de coraje y entrega, incluso al precio de su vida, no falta quienes lo perciban como un extremista, un personaje violento, que actuó por su cuenta sin atender a los claros alegatos de la sociedad venezolana en el sentido de mantenerse en la protesta pacífica y en las rutas previstas por la Constitución. Es cierto que Pérez no tenía ningún vínculo con las fuerzas que convergen en el espectro opositor venezolano, que aún en su diversidad coinciden en rechazar la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos.
Desde luego, la controversia llega hasta el momento del asesinato. En este punto hay consenso. El país se ha inclinado a creer que las víctimas de El Junquito no murieron en un intercambio de disparos, cual ha sido la versión oficial, sino, como afirman los familiares y muchos testigos, que se trató de una ejecución extrajudicial, puesto que Pérez y su grupo se habían rendido y lo hicieron saber, y aún así, fueron asesinados mientras estaban desarmados.
Muerte, pobreza y exilio
La verdad sobre lo ocurrido aún no se ha esclarecido por completo. El régimen no ha proporcionado información detallada y confiable sobre los hechos, lo que dificulta determinar las responsabilidades individuales. A pesar de eso -o quizá por eso- Óscar Pérez devino símbolo del heroísmo frente a la represión en Venezuela y la imagen de su rostro arrasado por la sangre y el terror contenido se mantiene en la memoria de quienes asistieron a aquel asesinato a sangre fría.
Poco antes de la muerte de Óscar Pérez, y quizá porque estaba consciente de que el chavismo suele arremeter contra las familias de sus adversarios, su esposa, Danahis Vivas, y los tres hijos de la pareja, Sebastián, Santiago y Dereck se habían exiliado en México. Su madre, Aminta Rosa Pérez Carrero, tras la muerte de su hijo, se exilió en Estados Unidos, desde donde ha insistido en la defensa del legado de su hijo y en la búsqueda de justicia.
Aminta Pérez ha enfrentado la extrema dificultad económica en cuyo marco ha sufrido cáncer y un infarto. Bueno, lo indecible.
