Frustración. Esto es lo que sienten los trabajadores públicos luego de que hace algunas semanas recibieron en sus cuentas bancarias un bono vacacional incompleto, calculado con base en el sueldo que percibían en diciembre de 2021. Acción que se suma a una larga lista de desmejoras salariales que ha estado estableciendo la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) desde 2018, y por las que diferentes gremios han decidido iniciar acciones de calle nuevamente. Armados con pitos, pancartas y consignas, los docentes acompañados del sector salud, petroleros, obreros, administrativos, estudiantes y población civil recorrieron las calles del país el jueves 4 de agosto para enviar un mensaje contundente a las autoridades competentes: se mantendrán en protesta hasta ser escuchados.
La cita en Caracas fue frente al Ministerio de Educación, ubicado en la esquina de Salas, para realizar una caminata hasta el Ministerio de Educación Universitaria en la esquina Los Chorros. Allí cientos de personas se aglomeraron para una nueva jornada de manifestación, en reclamo a mejoras salariales. A la convocatoria se sumaron al menos 70 ciudades de todo el país. Una lucha que no es nueva, pero que sigue vigente hoy más que nunca.
«Que la ministra Yelitze Santaella entienda de una vez por todas que queremos el pago de nuestro Bono de vacaciones completo, porque lo trabajamos y nos lo merecemos. No puede ser que la Onapre con un instructivo nos cercene y nos quite 75% del bono recreacional. Hoy le decimos a las autoridades: está en juego el inicio del nuevo año escolar», dijo a El Nacional el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) de Caracas, Edgar Machado.
La crisis económica que padece Venezuela desde hace años y que devaluó los sueldos de todos los venezolanos, afectó principalmente a los trabajadores de la administración pública. En los últimos años, incluso profesionales con alto grado de instrucción universitaria han recibido salarios que superan por muy poco el mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional. Montos que no alcanzan para cubrir siquiera las necesidades básicas de alimentación, medicina o transporte.
“No es posible que una persona pueda sobrevivir con un salario de 130 bolívares. Compramos medicina o compramos comida, pero no somos dignos de comprarnos un par de zapatos, alguna vestimenta o simplemente salir a recrearnos con nuestros hijos o nietos. Es por eso que debemos seguir en las calles», expresó Leida Brito, una luchadora social conocida como la abuela del casco rojo.
Trabajadores públicos desmotivados
El descontento es evidente entre los trabajadores públicos. Más allá de lo que ha ocasionado en sus finanzas personales, la falta de un salario digno también les ha provocado un malestar emocional.
«Siento frustración. Frustración porque después de 18 años de servicio vivo en mi casa mantenida por mis familiares. Porque prácticamente financió el trabajo de docente con lo que percibo de otros lados. Porque no tengo derecho a un acceso a la salud adecuado, a la recreación, a comer bien. Es triste que uno como profesional, con postgrado y maestría lo traten de esta manera», señaló la docente María Salas, quien esperaba con el grito de sus consignas poder descargar parte de esas emociones que le aquejan.
Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la región capital, aseguró que desde hace años muchos trabajadores públicos y sus familias están pasando hambre por no poder costear tres platos de comida al día con sus sueldos, algo que les ha traído como consecuencias problemas de salud severos y en algunas ocasiones irreversibles.
«Son cientos y miles los trabajadores que han fallecido porque no pueden tener acceso a tratamientos oportunos. Este es el principal efecto criminal de esta política de restricción, de desaparecimiento del salario, y de la eliminación del resto de beneficios como el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM)», indicó.
Para muchos de los trabajadores públicos, la vocación es lo único que les da la fuerza para continuar con sus labores, pese a que no reciben una remuneración adecuada para sobrevivir. Sin embargo, advierten que el gusto y la pasión por el trabajo se va perdiendo con cada atropello que reciben por parte de las autoridades. «Me mantengo en las aulas por el deseo de seguir formando a las nuevas generaciones, pero sinceramente ya es incluso difícil mantenerse laborando por vocación. A la vocación la mata el hambre», agregó Salas.
Una gran cantidad de trabajadores públicos se han visto en la necesidad de realizar otras labores paralelas para poder sobrevivir. Otros han abandonado sus puestos para dedicarse a otros oficios mejor remunerados.
«Ya no se trata de hacer lo que te gusta o lo que te hace feliz, se trata de sobrevivir. El gobierno de Nicolás Maduro nos está matando de hambre porque quiere acabar con la educación, con la salud, con los profesionales preparados. Esa es su forma de someter al pueblo para seguir perpetuado en el poder», expresó la docente Lilimar González.
¿Qué reclaman?
En el caso de los docentes, su reclamo va más allá del pago incompleto del Bono de vacaciones. Denuncian que, al igual que otros sectores de la administración pública, se han visto afectados por el instructivo de la Onapre, que reduce el valor de las primas salariales. Tampoco se ha firmado ninguna cláusula económica de la tercera convención colectiva, y les adeudan al menos 280% de la contratación anterior.
«Es por ello que está lucha no termina aquí así nos paguen lo que nos deben del Bono de vacaciones, el cual pretenden terminar de pagar en enero de 2023. Tendremos que seguir realizando manifestaciones y concentraciones para exigir que las autoridades firmen finalmente la contratación colectiva que está pendiente. Una contratación colectiva que se introdujo en el mes de febrero y de la que hasta hoy no se ha tenido respuesta», manifestó Rúben Padrón, representante de Sintra Enseñanza.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, explicó que desde el sector salud las exigencias son similares. Piden además se respeten beneficios como el acceso a uniformes y útiles escolares, así como equipos de protección personal y condiciones adecuadas para poder trabajar de forma adecuada.
Esta situación que aqueja a los trabajadores públicos activos, es aún más complicada para los jubilados y pensionados. «Después de darle 30 años de mi vida de labor a la nación, hoy no soy digna ni de mantenerme por mí misma. Dependo de mis hijos para poder costear mis medicinas, para asistir a controles médicos, para comer, para todo. Es muy triste. Me he deprimido mucho», contó la docente Rocío Cabral.
Para la abuela del casco rojo el reclamo se concentra en la necesidad de contar con un sueldo que pueda cubrir las necesidades básicas. «Que nos permita acceder a la cesta básica de alimentos, así como a la salud, a la recreación, a la compra de artículos personales», dijo.
Próximas acciones
De no concretarse el pago del bono vacacional en las próximas horas, la convocatoria es a una nueva manifestación para la próxima semana. En esta oportunidad los trabajadores públicos marcharán hasta la sede de la Vicepresidencia de la República para continuar con sus reclamos, en vista de la falta de respuesta de otras autoridades hasta el momento. Así lo informó a El Nacional el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la región capital.
Las federaciones que participan en la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación, tienen pautada una reunión para el próximo 16 de septiembre para discutir las cláusulas de la convención colectiva. «Esperemos que para esta fecha el gobierno nacional tenga respuesta a las inquietudes que tiene el magisterio venezolano», señaló Padrón de Sintra Enseñanza.
Los diferentes representantes de los gremios de educación y salud aseguran que se mantendrán en las calles hasta que las autoridades cumplan con sus exigencias. De lo contrario, evalúan la posibilidad de irse a un paro nacional.
@ErikaHDelaR