89% de la población carcelaria en Venezuela está bajo control del pranato, es decir, solo 11% de los centros penitenciarios del país son controlados exclusivamente por las autoridades competentes. Así lo reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante un foro realizado el martes 9 de agosto.
De la población reclusa controlada por el pranato, 46% está a cargo exclusivamente de este sistema irregular. Mientras que el otro 43% está bajo control mixto (autoridades y pranato).
Carolina Girón, directora del OVP, detalló que el observatorio analizó un total de 31 centros carcelarios del país, sin incluir las cárceles desalojadas o centros de detención preventiva.
De estas cárceles, ocho están bajo el control del Ministerio de Asuntos Penitenciarios (3.379 reclusos), ocho bajo el pranato (13.939 presos), y 15 en control mixto (12.749 reclusos).
Girón precisó que las cárceles bajo control exclusivo del pranato son el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Internado Judicial Anzoátegui (Puente Ayala), Centro Penitenciario Región Oriental Monagas (La Pica), Internado Judicial Bolívar (Vista Hermosa), Internado Judicial de Yaracuy, Internado Judicial de Barinas II y el Internado Judicial de Trujillo.
La capacidad instalada en estos centros es de 4.850, mientras que la población reclusa alcanza los 13.939 internos. Esto quiere decir que las cárceles venezolanas están presentando actualmente un hacinamiento de 287,40%.
¿Cómo se desarrolló el pranato?
Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones en Latinoamérica y el Caribe, explicó que el pranato en Venezuela se desarrolló en tres momentos clave que se desarrollaron en los últimos años.
El primero de ellos fue entre 2004 y 2008, con Jesse Chacón como ministro de Interiores, Justicia y Paz. En ese tiempo había 30 penales y la figura del pranato era prácticamente desconocida. Sin embargo, ya había rumores sobre un presunto líder delictivo conocido como alias el Wilmito, que se encontraba en el centro penitenciario de Ciudad Bolívar, a lo que las autoridades hicieron caso omiso.
El segundo momento se da entre 2008 y 2012, con Tareck el Aissami al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, período en el que se hizo más visible la presencia de pranes en las cárceles y se tiene conocimiento de su presencia en al menos 10 centros penitenciarios.
Prado señaló que el tercer momento llegó entre 2012 y 2019, con Iris Varela al frente del Ministerio de Servicio Penitenciario, período en que prácticamente se legalizó el pranato al tener comunicación con la ministra.
«Altos funcionarios del gobierno, para mantener el control de los centros de reclusión, comenzaron a establecer conversaciones con los pranes, dejando en segundo lugar a las autoridades carcelarias. Lo que existe es una complicidad del crimen corporativo entre el Estado y los pranes en nuestro país», alertó Prado.
Consolidación del pranato
Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advirtió sobre los peligros que implica el hecho de que esas figuras del pranato hayan adquirido tanto poder en las cárceles venezolanas.
«Una de las fortalezas de los pranes, de las razones por las cuales tienen poder es el armamento que tienen dentro de las cárceles. Está claro que esos armamentos entran bajo la complicidad de muchos funcionarios militares y del Ministerio Penitenciario», afirmó durante el foro.
Ronna Rísquez, periodista especializada en crimen organizado, letalidad policial y derechos humanos, explicó que en los casos de cárceles que funcionan bajo figura del pranato, hay presencia de funcionarios de seguridad, pero no tienen control alguno.
«Aunque tienen un director, termina siendo al parecer una especie de figura decorativa», señaló.
Describió al menos 19 formas de rentas criminales (micro trafico de drogas, extorsiones, comercialización de comida, entre otras) que permiten a los pranes financiarse. En algunos casos hay participación de funcionarios.
Rízquez indicó que tienen conocimiento de que hay pranes de algunos centros penitenciarios que ya tenían que haber salido en libertad, pero no lo hacen porque deciden quedarse para operar estos negocios que les son muy lucrativos.
“Mueven millones de dólares. Tienen rentas ilegales que les sirven para consolidar su poder y son la razón por las que se mantienen dentro de la prisión”, añadió.