79 emisoras de radio han sido cerradas en todo el país entre enero y octubre de 2022, un promedio de casi 8 estaciones por mes, de acuerdo a los datos documentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha sido la responsable por el cierre de dichas emisoras, salvo por un caso registrado en el estado Bolívar.
Las clausuras se han dado en 16 de los 24 estados del país, siendo el Zulia el más afectado con 23 estaciones cerradas. Le sigue Sucre con 11, Táchira con 10, mientras que en Cojedes y Falcón se han dado 6 casos en cada uno.
Entre las otras entidades en la lista se encuentran Yaracuy (4), Carabobo (3), Monagas (3), Anzoátegui (2), Barinas (2), Guárico (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Bolívar (1), Lara (1) y Miranda (1).
El SNTP advierte que el número de emisoras cerradas en todo el país es mayor, sin embargo, directivos de algunas estaciones han optado por guardar silencio.
«No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones», denunció el SNTP en una nota de prensa, en la que explicaron que tampoco hubo derecho a la defensa.
El sindicato también advirtió que en 80% de los casos las órdenes de cierre fueron emitidas por teléfono, mientras que otros se presentaron funcionarios a las estaciones, en ocasiones sin identificación.
Conatel estaría alegando como causa el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas. Sin embargo, por entrevistas y testimonios recogidos por el SNTP, lo que hay detrás son condiciones y requisitos inviables para los operadores o ausencia de respuesta frente a la solicitudes de renovación y habilitación.
«El manejo descrito para la asignación y renovación de concesiones es arbitrario y la discrecionalidad de Conatel configura una violación a la libertad de expresión en los términos en que la definen estándares internacionales», indicó el SNTP.
Desde el sindicato alertaron sobre las graves consecuencias que para el país tiene el cierre sistemático de estaciones de radio.
«Se trata de una acción que debilita aún más las garantías para los derechos a la libertad de expresión y de información, además de que reduce los espacios para el debate público sobre temas que son de interés general», agregó la organización.
Exigieron políticas que promuevan las comunicaciones y el flujo de información, y transparencia en la administración del espectro radioeléctrico.