A 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Caracas, los expulsaron por su vinculación con las protestas en la institución el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
En un consejo disciplinario, a los estudiantes de TSU en Criminalística e Investigación Penal se les obligó a firmar el retiro de la institución por supuestamente violar las normas de convivencia relativas a la moral y las buenas costumbres dentro o fuera de la universidad, de acuerdo con información publicada por el diario TalCual.
«Si vas a individualizar la conducta de cada uno de los alumnos en esos hechos, entonces dime qué conducta antijurídica encuadra en cada uno de ellos. Mi hijo y los otros cinco involucrados aparecen en una foto haciendo su cola en el centro de votación. Ellos me dijeron que esto es una orden de arriba. La orden que tienen es darle la baja a los 71 para meter miedo, no tiene otra palabra, meterle miedo al resto de los estudiantes», denunció el padre de uno de los expulsados, quien como abogado introdujo una denuncia en un tribunal de casación civil, aunque la jueza le dijo que debía agotarse la vía administrativa y los recursos de revisión y reconsideración en su caso.
Al hijo del abogado lo llamaron a entrevista el 21 de agosto y le notificaron que tenía abierto un proceso administrativo.
«Hicieron todo al revés. Cuando notifican que hay un procedimiento, ellos (la UNES) se guían por las normas internas que dan 48 horas para presentar cualquier recurso, cuando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en el artículo 48 que son 10 días», explica el representante.
El padre del estudiante señala que intentó conversar con el coronel Jaime Alcántara, parte de la directiva de la UNES, pero no fue posible.
«Me dijo que no le daba la gana recibirme nada. Todo esto lo lleve a tribunales, pero me dicen que agote todos los procedimientos administrativos, pero cómo vamos a agotar estos recursos si no nos reciben», aclara.
Entre los expulsados hay jóvenes que ya habían terminado carga académica y pagado los 90 dólares de aranceles por concepto de título y grado, como es el caso del hijo del abogado, quien tiene 21 años de edad y esperaba ingresar en octubre al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El padre del joven denuncia que violaron los derechos fundamentales de su hijo al no permitirle defenderse de las acusaciones de la directiva.
Explica que primero fue citado a una entrevista, donde lo señalaron directamente de ser uno de los estudiantes que grabó la protesta del 28 de julio tras las agresiones a una compañera. Días después le informaron que tenía un proceso administrativo abierto en la institución y debía presentarse.
«El general José Rigoberto Betancourt Moya, secretario general de la UNES, es el culpable y responsable de todo lo que está pasando porque él estaba haciendo voto asistido y agredió a una compañera. Ahí es cuando se hace el alboroto», asegura la madre de uno de los expulsados.
Su hijo tenía previsto terminar la carga académica en diciembre, pero fue llamado a declarar. Fue uno de los detenidos el propio día de las elecciones y llevado a la sede de la PNB en Maripérez. Luego de dos días, fue trasladado a una sede del Cicpc en Santa Paula. Ahí estuvo hasta el viernes 2 de agosto.
Fue excarcelado y quedó bajo investigación, junto con otros cinco compañeros, por supuesta incitación al odio. Ni su celular ni otras de sus pertenencias les han sido devueltas.
«Ya esas bajas estaban montadas desde hace días. Ellos dicen que están cumpliendo con el protocolo, pero ellos mismos lo están violando porque van a tener sanción doble. Ellos ya estuvieron presos por un delito una semana», afirma.
¿Qué pasó con los estudiantes de la UNES el 28 de julio?
Al mediodía del domingo 28 de julio, los ciudadanos que ejercían su derecho al voto en la UNES se manifestaron en contra del voto asistido, pues estaban siendo obligados por el Plan República a recibirlo.
La multitud que estaba en el centro de votación se enfrentó a funcionarios policiales para rechazar la pretensión de vulnerar el secreto del voto. Los hechos quedaron registrados en videos que fueron publicados en redes sociales.
El partido Voluntad Popular señaló que coordinadores de centro del Consejo Nacional Electoral también pedían obligatoriamente el voto asistido.
Algunos estudiantes denunciaron que los amenazaron con no entregarles el título si no aceptan el acompañamiento por parte del director del centro de formación, general de división José Rigoberto Betancourt Moya.
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