Al menos 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazan el proyecto de ley de Cooperación Internacional al considerar que su aprobación tendría consecuencias devastadoras para la personas en situación de mayor vulnerabilidad.
«Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria», dice parte de un comunicado publicado este miércoles.
Señalaron que esta ley tiene además la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales.
«Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley», agregó el texto.
«Teniendo el Estado suficientes normas e instrumentos legales para actuar en materia de cooperación internacional, con este proyecto de ley no se pretende regular la materia sino transferir su exclusividad al gobierno, lo cual, implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo que captaría, prestaría y administraría los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional», añadieron.
Además, dijeron en el comunicado, viola todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias.
«El proyecto crea un nuevo sistema sancionatorio específicamente dirigido a la sociedad civil nacional, con la potestad de “prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente” a cualquier asociación que, a criterio discrecional del Ejecutivo, se considere que promueve o participa de forma directa o indirecta en actividades contrarias a los intereses del gobierno, estableciendo evaluaciones que determinen la aplicación de estas sanciones».
Destacaron que desde la sociedad civil venezolana se han realizado múltiples propuestas al Ejecutivo para mejorar y controlar los procesos de cooperación internacional, pero han recibido una respuesta oportuna para generar mecanismos que realmente faciliten este trabajo y tengan en el centro de su objetivo a las personas con necesidades.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los perjuicios que la aprobación de este proyecto de ley puede traer para la población venezolana con mayor necesidad y exigieron respeto al trabajo que realizan.