Condenar los ataques y agresiones cometidos contra quienes defienden los derechos humanos y realizan labores humanitarias en Venezuela, y exigir el cese inmediato a la política de criminalización ejercida por parte de representantes del Estado venezolano fueron las denuncias que acordaron mediante un comunicado más de 160 ONG del país.
Afirman que desde el año 2002 hasta la actualidad altos funcionarios han llevado a cabo una política que criminaliza la defensa y exigencia de los derechos humanos.
«Partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y oficiales, se pretende desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos, acompañan a víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario», indica el informe.
Y agrega: «Estos actos, a su vez, han derivado en la materialización de acciones violentas que afectan la labor de defensa; además, comprometen la vida e integridad personal de las personas afectadas y obstaculizan el trabajo ejercido».
ONG denuncian ataques
En el documento hacen referencia a que en los últimos 5 años se ha partido de la supuesta idea de la existencia de enemigos internos que pretenden desestabilizar la paz. «Se han enmarcado los ataques contra el movimiento de derechos humanos en Venezuela»; estos se han visto afectados no solo por la estigmatización e intentos de deslegitimación de su trabajo, sino también por medio de acciones judiciales en su contra que han perjudicado y obstaculizado la defensa de derechos humanos».
Señalan que la política represiva y de control ha facilitado el abuso de autoridad por parte de funcionarios: «Muchos de alto nivel, generando un entorno adverso y hostil en el marco de una emergencia humanitaria compleja que dificulta aún más el desempeño legítimo de organizaciones de la sociedad civil en su trabajo» y facilita la inhibición de las víctimas a la denuncia y a la búsqueda de asistencia. Los expone a la violencia e inseguridad existente en el país debido a los altos índices de criminalidad, inseguridad e impunidad.
Defensores de los más necesitados
Aseguran que como organizaciones fomentan y defienden el derecho a la salud, la alimentación, a la asistencia médica; sin embargo, el Estado los reprime. «En los últimos dos años han sido objeto de hostigamiento y represalias, allanamientos arbitrarios, detenciones y agresiones, debido a las denuncias que realizan y a las acciones de apoyo a la población vulnerable. Las ONG son considerados agentes intervencionistas que promueven una injerencia militar».
En el texto indican, asimismo, que existe un recrudecimiento de la represión contra sindicalistas y trabajadores, quienes han sido perseguidos, encarcelados, amenazados y agredidos.
Asimismo, defensores ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país.
«Organizaciones y activistas comunitarios, estudiantes y comités de víctimas y familiares de víctimas también han sido objeto de amenazas por exigir la reivindicación de derechos o por denunciar la violencia y las vulneraciones en sus comunidades y espacios de desarrollo», reza el documento.