La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que hay evidencias de que las autoridades de Hong Kong aplicaron medidas antidisturbios de manera irregular.
Rupert Colville, portavoz de la oficina, solicitó en rueda de prensa celebrada en Ginebra, una investigación imparcial de estos hechos debido a que el procedimiento en la región contradice las normas internacionales.
«Por ejemplo, se vio a agentes lanzando gas lacrimógeno directamente a manifestantes, sobre muchedumbres y zonas cerradas, con graves riesgos de provocar heridos o muertos», destacó Colville al enumerar algunas de las medidas antidisturbios practicadas.
Las autoridades de Hong Kong deben investigar estos incidentes inmediatamente y cambiar sus prácticas antidisturbios en los casos que contradigan los estándares internacionales, exhortó el portavoz.
Colville añadió que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está preocupada por la actual escalada de violencia en los últimos días en Hong Kong, cuyo aeropuerto, uno de los más concurridos del mundo, ha suspendido desde el lunes sus operaciones a causa de las protestas en el recinto.
La alta comisionada «condena toda forma de violencia y destrucción de la propiedad, e insta a todos los participantes en las protestas a que expresen sus opiniones de manera pacífica», subrayó Colville.
El portavoz también llamó a las dos partes en conflicto, autoridades y manifestantes, a «iniciar un diálogo abierto e inclusivo dirigido a resolver todos los desacuerdos de modo pacífico», incluyendo la ley de extradición que inició el conflicto, pero también las acusaciones de violencia policial.
Colville celebró las declaraciones ofrecidas por la jefe ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, quien prometió escuchar a los participantes en las protestas.
«Sus comentarios son esperanzadores y esperemos que lleven a un diálogo con contenido» en el que «participen todos los sectores de la sociedad», resaltó Colville.
Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus opositores, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser procesados sin garantías.
Hong Kong es en la práctica independiente de China en cuestiones judiciales, al regir en las relaciones entre ambos territorios el principio de «un país, dos sistemas», por el que Pekín dio a la ex colonia amplia autonomía en todas las competencias excepto en asuntos exteriores y defensa.
Las manifestaciones movilizaron a cientos de miles de personas a partir de junio, y han estado acompañadas de episodios de violencia, huelgas e intentos de los manifestantes de afectar el curso normal de la ciudad con huelgas y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de Metro y el mencionado aeropuerto.
Las tensiones, que son las peores vividas por la ex colonia británica desde su retorno a la soberanía china pero con amplia autonomía, en 1997, han llevado a varios países a desaconsejar viajar a Hong Kong, mientras aumenta el temor a que China intervenga directamente con su Ejército o su policía armada.
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