Plataformas como Whatsapp o Telegram nos permiten comunicarnos de forma gratuita sin tener que hacer más que descargarnos la aplicación correspondiente. Estas compañías (conocidas como empresas Over The Top) compiten con las grandes operadoras móviles, pero no están sujetas a las mismas normas ni a los mismos controles que estas. Desde hace un tiempo, esto ha suscitado las quejas de empresas como Movistar, Orange, Vodafone y otras compañías de telecomunicaciones europeas, que ven en la situación un trato desfavorable a sus intereses.
El problema, según los grandes operadores, es que las empresas OTT utilizan sus infraestructuras y se benefician de sus inversiones para sacar partido de una situación que, a su parecer, resulta desigual, aunque se ofrezcan servicios similares.
Las repercusiones de los servicios que empresas como Whatsapp, Telegram o Skype plantean en los operadores son claras: se están haciendo con parte de su cuota de mercado mediante la oferta de un servicio alternativo/sustitutivo que les resta usuarios e ingresos.
En algunos casos, las operadoras han intentado bloquear o reducir el acceso a este tipo de servicios. Sin embargo, al margen de que estos bloqueos son fácilmente salvables mediante una red VPN, las operadoras se dieron cuenta que esto va en su propio detrimento una vez que dichas aplicaciones OTT son un estándar de comunicación.
Nuevas regulaciones
Ante esta situación y la presión ejercida por las grandes compañías móviles, el gobierno se ha puesto en marcha para preparar una tasa de operadores que obligará a las OTT a jugar con las mismas reglas que las grandes operadoras, al menos en lo que a tasas e impuestos se refiere.
La aplicación de esta ley, sin embargo, no parece del todo sencilla. Está claro que la forma en que tenemos de comunicarnos ha cambiado en los últimos tiempos, y la legislación (sobre esta y sobre el resto de los avances digitales), tiene que ser capaz de seguir el ritmo de la evolución y adaptarse a las necesidades cambiantes de los tiempos que corren. Pero la forma concreta en que esto ocurrirá no está tan clara.
La nueva ley establecerá que las empresas de mensajería interpersonal que pretendan ofrecer sus servicios en España deben registrarse como operadoras a efectos de tasas, pagando las mismas en función de lo que facturen. Hasta ahí parece relativamente sencillo, pero las cosas no lo son tanto.
Una de las cuestiones que plantean interrogantes, por ejemplo, es el hecho de que, según la nueva legislación, solo tendrán que pagar los servicios que tengan una facturación superior al millón de euros, algo que llama la atención ya que muchas de las aplicaciones a las que nos referimos suelen ser gratuitas. Una de las dudas que se plantean en este sentido es que algunas de las compañías a las que (en teoría) va dirigida esta nueva legislación no generan ingresos directamente.
Aún hay que esperar para ver cómo se van a insertar exactamente estas problemáticas y el régimen en el que quedarán las empresas que han revolucionado la forma de comunicación diaria de millones de personas. Hasta entonces, podremos seguir utilizando estos servicios de forma gratuita (esto no tiempo pinta que vaya a cambiar en cualquier caso en el corto plazo). Más adelante se esclarecerá si este cambio legislativo tiene repercusiones —y de tenerlas, en qué medida nos afectarán— sobre el usuario final.
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