En la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad SimónBolívar y la Universidad Central de Venezuela, el médico Marino González, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas de la USB y miembro de la Academia Nacional de Medicina, analizó las condiciones de los venezolanos y su protección financiera en materia de salud.
Los resultados publicados en 2016 fueron alarmantes: 64% de los venezolanos paga de su bolsillo la atención en salud, uno de los 10 gastos más altos del mundo; mientras que el gasto per cápita del gobierno en esa área es poco más de 20 dólares desde el año 2000, el tercero más bajo –después de Haití y Guatemala– de América Latina. También reveló que 63% de los consultados no está asegurado, es decir, están desprotegidos en atención médica; y que han aumentado las enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes. “Se ha registrado el deterioro en salud y de protección financiera médica más grande de América Latina y el Caribe en los últimos 50 años”.
—¿Cómo percibe la situación en 2017?
—No tenemos mediciones, pero podemos anticipar que con una contracción económica de cuatro años –la mayor que se recuerde en la historia venezolana y la más grande en América Latina y el mundo–, sumado a la gran inflación, los venezolanos tendremos una mayor desprotección en salud.
—¿Cómo se traduce esa desprotección?
—Eso significa pérdida de coberturas en aquellos que estaban asegurados y disminución de coberturas en términos reales en aquellos que mantuvieron los seguros. Asimismo, como tendremos aumento de costos de toda la atención, las personas que no están cubiertas por pólizas de seguros tendrán que pedir prestado más dinero y vender más activos o hipotecar bienes para garantizarse los servicios de atención que requieren. A esto se agrega un elemento importante: muchas familias están difiriendo los tratamientos porque les sale muy costoso, lo cual significa más complicaciones posteriores porque van a estar sometidos a tratamientos en condiciones de salud más críticas. En líneas generales, estamos viviendo el deterioro más abrupto de condiciones de salud y protección financiera en los últimos 50 años en toda América Latina, quizás sea uno de los más dramáticos en el mundo.
—¿Quiere decir que bajará la expectativa de vida y aumentarán las muertes?
—Eso ya está pasando, aunque la información no la tenemos al día. Tomemos el ejemplo de la mortalidad materna. Si se compara la cifra de 1998 con la de 2012, último año de información oficial disponible, vemos que esta aumentó 30%. Un reflejo de lo que está pasando en todo el sistema de salud en los últimos años ante la tendencia de restricciones en el sector público, así como el aumento de los costos y las pérdidas de cobertura. Lo mismo ocurre con la mortalidad infantil, que se mantuvo estancada durante ocho años –desde 2004 hasta 2012–, lo que indica una crisis en el sistema de salud pública no vista en ningún país de América Latina. Y si se analiza hasta 2016, veremos un aumento en esos años de la mortalidad por diarrea, neumonía, por falta de vacunas y por desnutrición.
—¿Y las enfermedades endémicas?
—En 1936 Venezuela era la única nación que sabía para qué era el DDT. Desde ese año hasta 1945 José Gabaldón y su equipo mapearon por primera vez el país y descubrieron 20 especies de mosquitos, entre ellos el de la malaria. El primer pedido de DDT con fines no bélicos se hizo de una casa en Maracay (Aragua) y en Morón (Carabobo) está el monumento al zancudo que simboliza el primer rociamiento dentro de las viviendas. En 1962 hubo en el país 262 casos en todo el año, pero en 2016 se reportaron 684 casos todos los días en el país. Cada año se duplica el número, por eso se calcula que la malaria puede superar los 500.000 casos, lo que se traduce en la cifra más alta desde 1937 en Venezuela; este año será peor.
—¿Se puede colegir, frente a esta situación, que la salud no es prioridad para el gobierno?
—Desde 2000 hasta 2014 el gasto del gobierno en salud quedó estancado y en esas condiciones han aumentado los requerimientos en servicios materno- infantiles, epidemias y enfermedades crónicas. Hay una gran brecha de atención y eso se expresa en esos indicadores: aumento de mortalidad materna, de mortalidad infantil, enfermedades infecciosas, aumento de enfermedades endémicas, además de las enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes. Sabemos por la Encuesta de Condiciones de Vida que la mitad de la población no tiene el diagnóstico ni el tratamiento adecuado. En una sociedad moderna la salud debe ser garantizada con recursos y capacidades por los gobiernos. Tenemos esta situación porque el Estado ha dejado de hacer prevención y curación de enfermedades.
—¿Cuál considera un plazo perentorio para atender estos problemas urgentes de salud?
—Un gobierno que quiera modificar esta situación debe hacerlo rápidamente. Por ejemplo, en inmunizaciones, Venezuela tiene uno de los más bajos índices de cobertura en la región. El tiempo que abarca garantizar las vacunas y preparar al personal capacitado para aplicarlas con los equipos necesarios es de un año o máximo dos. Lo mismo pasa con la mortalidad materna: con equipos técnicos preparados, se pueden detectar rápidamente cuáles son las zonas del país donde viven las mujeres con riesgo de morir por causas relacionadas con embarazo y el parto. Yo calculo que con recursos adecuados, los equipos y el restablecimiento de relaciones con los gobiernos regionales y locales, el país podría entre uno y tres años alcanzar el éxito temprano para garantizar el suministro de medicamentos y alimentos, que son los principales problemas críticos.
—¿Qué pasa si el Estado no responde en ese plazo?
—El deterioro será cada vez mayor. Cuando un niño se va a dormir sin ingerir los alimentos necesarios para su crecimiento es un día en riesgo, una restricción a su desarrollo intelectual y productivo. Es una situación que afecta el porvenir de millones de venezolanos.
—¿Por qué los organismos internacionales han sido pasivos en la exhortación para la ayuda humanitaria?
—En algunos casos los organismos internacionales no tienen la incidencia necesaria, pero la responsabilidad absoluta es del gobierno. La situación de deterioro que se vive desde 1999 tiene que ver con la ausencia de políticas adecuadas en materia de salud.
—¿Quiere decir que el gobierno se ha negado a actuar?
—La situación no es nueva, pero se ha agravado en las últimas dos décadas años. Que en Venezuela 1 millón de niños no tengan qué comer es inaceptable. Vivimos las consecuencias de unas políticas de destrucción productiva y de estatizaciones. Si el gobierno no realiza acuerdos, no asigna recursos, no convoca mejores capacidades, no realiza mediciones, su responsabilidad es absoluta.
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