A pesar de que durante la campaña de 1998 el discurso de Hugo Chávez se basó en la supuesta defensa de la propiedad privada, al finalizar su primer período había firmado la primera disposición que vulnera derechos: la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que sucesivamente fue modificada en 2005 y 2010, y que de acuerdo con el Observatorio para el Derecho a la Propiedad de Cedice Libetad afecta la titularidad de la tierra. Esto porque exige a los dueños demostrar la posesión del terreno, incluso con anterioridad a 1848, casi al inicio de la República; de lo contrario, las tierras serían tomadas como «baldías» y pasarían a posesión del Estado.
Sin embargo, no es hasta 2007 cuando el mandatario reveló por completo sus intenciones: en el Primer Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación asentó la idea de sustituir la propiedad privada por la propiedad social. Este manifiesto plantea «el desarrollo progresivo de la propiedad social sobre los medios de producción, la implementación de sistemas de intercambios justos, equitativos y solidarios contrarios al capitalismo».
Junto con el plan se incrementó una ola de nacionalizaciones y expropiaciones de latifundios y empresas del país. Un informe del diario El Nacional indicó que ya para 2013, del total de empresas ocupadas 41% corresponde al sector construcción, 24% al agroindustrial, 19% al petrolero, 6% al comercial y 3% al alimentario, entre otros como farmacéutico, envases y eléctricos. Desde la Siderúrgica del Orinóco, Cemex, la Electricidad de Caracas, Agroisleña, Lácteos Los Andes, Aceites Diana y Café Fama de América.
Clase media
Pero esas medidas no las sufrieron solo los grandes empresarios o latifundistas. La idea también fue alcanzando sistemáticamente a la clase media venezolana. En 2011 se promovió la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos y Viviendas, la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda y la Ley de Emergencia en Terrenos y Viviendas. Con ellas se dio gran protección a inquilinos y ocupantes forzosos, pero no se protegió al propietario o arrendatario. Cualquier situación irregular en esta materia la comenzaría a regular la Superintendencia de Vivienda (Sunavi), ente creado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat en 2015 y que incluso logró tener más poder que el TSJ en esta materia.
Junto con esas leyes, nació la Gran Misión Vivienda Venezuela, bandera política del presidente Chávez y del régimen de Nicolás Maduro, pero que también tiene fama por el manejo indebido de los fondos para la construcción, la calidad de la infraestructura final, las mafias que se crearon para la obtención de los apartamentos y por último el falso derecho de propiedad, pues no se entrega título a los beneficiados. Así lo señaló Ismael León, diputado a la Asamblea Nacional.
Sunavi
Esta arbitrariedad se escondía en ideales políticos con sentimientos de opresión y desigualdad que poco a poco fue tomando fe en las comunidades. Los llamados colectivos, los consejos comunales e incluso simples vecinos decidían tomar posesión de inmuebles según su antojo, amparados por «ese traje a la medida de leyes» que desde el gobierno se gestó para tener el control sobre la propiedad privada. El respaldo obtenido por la Sunavi y todos los demás entes fue creando superioridad de los invasores sobre el propietario. Los casos denunciados en la cuarta República pasaron de ser construcciones ilegales en lugares de alto riesgo, imposibles de desalojar, a «ocupantes temporales» que violentan cerraduras y candados para instalarse en la propiedad con la llegada de la revolución.
El artículo 82 de la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de resguardar el derecho a la vivienda digna para los venezolanos, disposición que debido a las políticas del régimen ha afectado el derecho a la propiedad. La necesidad de un techo seguro, no satisfecha por décadas, fue propagando con el socialismo del siglo XXI la usurpación de viviendas e incluso propiedades no aptas para ser habitadas. Las redes sociales han servido para la denuncia de estas irregularidades, incluso más que las instituciones encargadas para tal fin.
La elevada migración y la hiperinflación que afronta el país han hecho que muchas propiedades queden desocupadas. El año pasado el régimen decretó el adelanto sospechoso del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico, el cual originalmente correspondería realizar en 2021. Eso generó confusión entre la población y se conoció como el plan «Ubica tu Casa». Aunque el régimen lo negó, en las redes sociales ya empezaban a aparecer nuevas denuncias de invasiones de apartamentos.
Pandemia
Ahora la pandemia se ha convertido en la nueva excusa. Nuevamente a través de las plataformas digitales se dio a conocer que una quinta en la Alta Florida fue tomada por miembros del PSUV para convertirla en un centro de atención para afectados por el covid-19.
Los diputados a la Asamblea Nacional afirman que esta situación cambiará cuando «la dictadura salga del poder». Mientras tanto, recomiendan a los vecinos dar el apoyo a esas personas que por alguna razón dejaron su propiedad, y no permitir que esos actos sucedan. Y es que el afectado no solo es el propietario, sino que la convivencia y el valor de los inmuebles de quienes viven cerca también sufren las consecuencias.