La mortalidad materna en Venezuela experimentó un aumento de 66%, según el más reciente boletín epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud. Más de 25 medicamentos para el tratamiento de cáncer de mama han estado ausentes de las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante los últimos dos años. Se reporta 90% de escasez de pastillas anticonceptivas. 16 de cada 100 muertes de embarazadas ocurren por abortos inseguros.
Las cifras, recopiladas por la ONG Acceso a la Justicia, sirven para recordar, a propósito del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, que se conmemora hoy, de qué manera la emergencia humanitaria que atraviesa el país se ensaña contra la población femenina y la afecta “de manera intencionada y progresiva”, como concluye Ofelia Álvarez, investigadora de la Universidad Central de Venezuela, en el informe Venezolanas en emergencia, publicado esta semana por el Centro de Justicia y Paz.
La crisis se traduce “en el deterioro de su calidad de vida, el ataque constante, sistemático, planificado y reiterado por parte del Estado-gobierno contra el derecho a la vida, en la dependencia económica, el empobrecimiento brutal, y muy específicamente la feminización de la pobreza”, señala la experta. Esta situación, recuerda, implica la vulneración de derechos consagrados en la Constitución, así como en laLey orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, aprobada hace 11 años.
La promesa de ese instrumento legal era “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones”. Significó, señala la internacionalista Luisa Kislinger, fundadora de la Asociación Civil Mujeres en Línea, que el país se situaba en una vanguardia, pues podía presumir de una de las leyes “más avanzadas y progresistas de todo el continente”. El texto, añade, permitió también “inaugurar una nueva etapa de leyes integrales de violencia contra la mujer, que reconocen diversos tipos de violencia en diversos ámbitos”.
Quedaba atrás la idea de que la violencia contra las mujeres ocurría solo en el hogar y a manos de la pareja o de un miembro masculino de la familia. La ley estableció 19 tipos de violencia, entre ellas psicológica, física, sexual, laboral, obstétrica, mediática e institucional.
Sin embargo, más de una década después de publicada en Gaceta Oficial número 38.647, la ley aún no tiene reglamento. “Es prácticamente letra muerta porque no se aplica”, dice Kislinger. Tampoco se ha cumplido con varias de los avances que establecía, entre ellos la formación de los funcionarios para la atención de los casos de violencia y la asignación de recursos. En lugar de aplicarse, la ley ha servido como instrumento proselitista. “Es un marco normativo que ha sido cooptado por el partido de gobierno y no trabaja por las mujeres sino por el PSUV”.
Sin acceso a la justicia. La ley establecía que se debía garantizar a esa población el ejercicio efectivo de sus derechos, de manera rápida, transparente y eficaz. La abogada Yumildre Castillo, integrante de Clínicas Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, destaca que lo deseable “sería que el acceso de las mujeres al sistema de justicia fuera cada vez más sencillo, menos engorroso y sobre todo más eficiente”. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. “A lo largo de estos años, y a propósito de la depauperación de los servicios públicos, de lo que no queda exento el sistema de administración de justicia, las mujeres se han visto cada vez más afectadas”, afirma.
La tramitación de cualquier denuncia sobre agresiones contra una mujer cae en el vacío. Castillo señala que cada vez más los operadores de justicia están menos sensibilizados y formados para entender el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres, y la violencia de género. “Cuando hay una denuncia la mujer resulta doblemente victimizada porque se considera que lo que está haciendo es un acto de venganza a propósito de una situación de pareja no resuelta, y se pretende que todo puede resolverse a través de una mediación”.
Kislinger recalca que no existe interés ni capacitación del personal del sistema judicial para prestar la atención debida. “Hay mujeres que van a poner una denuncia y les dicen de entrada que no. En una oportunidad hice una llamada al 0800-mujer y me dijeron que si no había una persona golpeada, ellos no podían hacer nada. Si no llegas medio muerta o con el ojo morado, ellos deducen que no has sido objeto de violencia”, expresa.
El informe Mujeres al límite, elaborado por Cepaz, Mujeres en Línea, Avesa y el Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya, indica que de 7.763 denuncias que se recibieron en 2014, menos de 1% llegó a juicio. “Lo que quiere decir que hay impunidad total. No importa lo que las mujeres vayan a denunciar, el sistema de justicia no hará nada para procesar a los culpables”, señala Kislinger.
Sin información. Como en muchas otras áreas de la administración pública, conocer los datos sobre lo que pasa en materia de violencia contra las mujeres es imposible, dada la política oficial de no proveer información. “Una tarea pendiente es crear una base de datos de violencia de género conforme a la clasificación que ya existe”, dice Kislinger. La solicitud al Estado también la hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.
El gran reto, consideran las especialistas, es atender la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. “Al final, ese es el gran obstáculo que impide el acceso a la institucionalidad, tan debilitada que las personas no acuden a ella porque no hay manera de hacer valer derechos como el de la salud, o el de salud sexual y reproductiva, reconocidos por tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Programa de la Conferencia Mundial de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing, y numerosas resoluciones adoptadas por órganos de las Naciones Unidas”, dice Mujeres al límite.
En estos momentos las mujeres venezolanas ven vulnerado hasta el derecho de decidir si salen embarazadas, puntualiza Kislinger. “Se ven afectados su futuro y sus oportunidades”.
El Estado ejerce la violencia institucional
El informe Venezolanas en emergencia, preparado por Álvarez, responsabiliza al gobierno nacional de la violación de los derechos de las mujeres. Este, señala, las ha reducido “a ciudadanas no solo de segundo orden sino a meras habitantes que han sido despojadas de su ejercicio pleno de ciudadanía”.
Se trata de violencia institucional, la misma que la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia define como “las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas”, y que se expresa en múltiples ámbitos, como en la falta de acceso a la salud, a los medicamentos y a la nutrición.
“Las propias instituciones te niegan la posibilidad de ayuda en esta situación humanitaria compleja”, dice Álvarez. Por ejemplo, señala, este año dejaron de funcionar dos programas del Ministerio de Salud que afectan directamente a las mujeres: el programa de atención al VIH/Sida y la Oficina de Atención al Ciudadano del Hospital J. M. de los Ríos, encargada de prestar ayuda a padres y madres que se trasladaban desde el interior del país hasta Caracas. “Las personas no tienen a quien dirigirse, no hay oficina ni encargado que responda”.
Denuncia además que el Instituto Nacional de la Mujer, creado el 25 de octubre de 1999 por disposición de la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer, no se ocupa de la gestión de políticas públicas que deberían ser de su competencia. “En la página del Inamujer todo es divulgación de información gubernamental”. No publican datos desde 2016, lo cual impide monitorear la situación de las mujeres.
En la crisis que atraviesa el país es cada vez más difícil proteger el derecho a la vida. “Nuestras mujeres están en emergencia. Nosotras tenemos necesidades especiales en educación sexual y reproductiva, por ejemplo. No hay acceso a métodos anticonceptivos y muchas mujeres dan a la luz en la calle”.
El derecho a la vida está siendo vulnerado
En 2014 la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fue reformada para incluir el femicidio, que se definió como “la forma extrema de violencia de género, originada en odio o desprecio a la condición de mujer”. También se añadió entonces la inducción al suicidio, definida como “consecuencia extrema de la violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza”.
Pese a lo que dice la norma, la defensa del derecho a la vida de las mujeres ha sido excluida de las prioridades sociales, políticas y humanitarias del Estado venezolano desde hace años, alerta el documento Venezolanas en emergencia.
El más reciente Informe Anual de Gestión del Ministerio Público indica que en 2016 se registraron 122 femicidios consumados y 57 frustrados, las últimas cifras oficiales que han sido difundidas. El Instituto Metropolitano de la Mujer contó 48 casos entre enero y mayo de 2017, y el proyecto de verificación de información Cotejo.info, de Medianálisis, calculó, sobre la base de información de prensa, que 375 mujeres han sido asesinadas en 2018, en la mayoría de los casos por violencia de género y venganza.
Más allá de las fronteras nacionales, las venezolanas también se han convertido en víctimas de asesinato, lo que convierte ese crimen en un fenómeno colateral del movimiento migratorio. Ofelia Álvarez, de Fundamujer, señala que a veces las mujeres viajan con el maltratador. “Es el mismo esposo o novio; en otras ocasiones se van solas, en un grado altísimo de vulnerabilidad. Al decir ‘no’ son asesinadas”. Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, advierte que las migrantes también están “expuestas a la trata y tráfico de personas y explotación sexual, al igual que a situaciones de prostitución por supervivencia”.
Venezuela permanecía en 2017 como el segundo país más violento del mundo, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Para esa fecha calculaban una tasa de 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En el caso de las mujeres, advierte Álvarez, “la mayor cantidad de asesinadas no es por la pareja, sino por la delincuencia. Las mata un desconocido en las colas, llevando a los niños a sus colegios, o la famosa ‘bala perdida’, porque hay más conflictividad social”.
En riesgo dentro del propio hogar
Aunque las instituciones públicas no contabilizan cifras de violencia doméstica, definida por la ley como toda conducta “de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge” o cualquier persona “con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad”, para Kislinger todo indica que sigue siendo una de las más frecuentes, porque la mayor parte de las agresiones que sufren ellas ocurre “a manos de algún hombre significativo en su vida”. Álvarez considera que ese tipo de violencia se percibe como culturalmente justificada, incluso desde el noviazgo.
A eso se añaden otros factores que agravan la situación de las mujeres en casa, como que el peso de la familia recae cada vez más sobre ellas. Venezuela es una sociedad matricentrada, puntualiza. “Tenemos cada vez más hogares donde la jefa es una mujer. Ya pasan de 68%”, dice. Según el censo de 2011, 4 de cada 10 hogares en el país tenían a una mujer como jefa, “cifras que seguramente han aumentado por el fenómeno de la migración”, observa Kislinger.
A esto hay que sumar que muchos hombres jóvenes son asesinados. Cada día mueren en el país 43 hombres entre 12 y 29 años de edad, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. “Si recordamos que tenemos una de las tasas de embarazo precoz más altas de Latinoamérica, tenemos más mujeres que afrontan las dificultades solas”, agrega.
La pobreza por ingresos llegó 87% en 2017: 9 de cada 10 venezolanos no puede costear su alimentación diaria, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Un informe de la OVVpublicado en 2017 mencionaba que la escasez y la hiperinflación generaban dificultades en la convivencia doméstica, pues los pocos alimentos que se lograban comprar debían ser “racionados o reservados para determinados miembros de la familia”; y cuando alguno incumplía las reglas, se generaban situaciones de conflicto y de violencia.
Borges indica que las mujeres “son las que están privándose más de alimentos”, situación que las colocas en mayor vulnerabilidad.
Silencio y omisión contra las indígenas
Las activistas reconocen los avances contra la violencia de género en la legislación venezolana, pero también advierten que esta presenta una grave omisión. La profesora Alicia Moncada, de la Universidad Central de Venezuela, señala: “La ley no incluyó nunca a las mujeres indígenas y las formas de violencia que las afectan”. La más común, precisa, es la violencia territorial, que no está tipificada en el instrumento jurídico.
“Esta se relaciona con procesos de militarización de los territorios indígenas por actores armados, bien sea estatales o no estatales, que afectan especialmente a las mujeres y la vida cotidiana”, explica.
La militarización que supuso la entrada en vigencia del megaproyecto del Arco Minero del Orinoco es una forma de violencia hacia la población indígena femenina, ejemplifica, con la llegada de empresas mineras “sin consulta previa e informada legítima”.
Insiste en que todos los tipos de violencia a los que son sometidas las mujeres indígenas devienen de allí. “Dentro de ese paraguas se producen otras formas de violencia, como la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual en zonas mineras y militarizadas”, denuncia.
Las afectadas no cuentan con asistencia social integral ni jurídica, estipuladas en la norma. “La ley establece como órgano de recepción de denuncia las mismas comunidades indígenas, que no tienen capacidades técnicas, jurídicas ni materiales para la documentación y seguimiento de los casos”, señala.
Otro órgano receptor de denuncias son los puestos militares, lo cual considera incongruente. “Imagina a un militar en medio de la nada recibiendo una denuncia por cosas en las que está involucrado”. Además, se suman las barreras del idioma y la alfabetización. “En Delta Amacuro, por ejemplo, más de 40% de las warao no saben leer ni escribir en castellano”.
Destaca también el grave problema de la transmisión de VIH en el pueblo warao, denunciado desde 2007. “Hasta ahora no ha habido ninguna política concreta para mitigar esa situación”.
Asegura que la barrera más grande que afrontan las indígenas para el acceso a una vida libre de violencia parte de la misma ley. “El silencio, la omisión y la inoperatividad del Estado deja ver lo poco que le importan los pueblos y las mujeres indígenas”.
Humillación mediática y acoso en línea
Para las mujeres, medios de comunicación y redes sociales pueden convertirse en verdugos. Kislinger opina que estos tienen la capacidad de revictimizar a las mujeres. La ley define la violencia mediática como “la exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad”.
La activista asegura que algunos medios de comunicación venezolanos recurren a titulares estigmatizantes. “Cuando ves que en una sociedad los medios todavía pueden expresarse de las mujeres con palabras como ‘prostis’ te das cuenta de que seguimos en un Estado donde ellas siguen siendo poco valoradas”.
Añade que cuando se promueven mensajes que desvalorizan lo femenino, “se contribuye a fortalecer patrones en los que ellas están en una situación de subordinación con respecto a los hombres”.
Tampoco percibe interés de los medios en seguir de cerca los casos de discriminación, violencia y asesinatos contra la mujer. “En la prensa salen esas noticias una sola vez: no hay investigación, no hay interés por saber el contexto. Ni siquiera se habla de asesinato, sino de que ‘encontraron muerta a una mujer’ y la foto de un cuerpo cubierto por algo en el piso y las piernas afuera”, señala en el informeVenezolanas en emergencia. Además, “violencias específicas como la doméstica aparecen menos en los medios, pero cuando lo hacen se comunican con más perversidad”.
La web de la Fundación Mujeres, una ONG española, describe las situaciones que pueden calificarse de ciberacoso, “desde la figura del desconocido con el que las jóvenes entablan relaciones en redes sociales hasta la pareja que, una vez terminada la relación o ante la amenaza de su finalización, publica o amenaza con publicar las fotos íntimas que poseen de su víctima en redes, grupos, foros, páginas de contacto”. Se trata de una práctica en aumento, contra la que se requieren campañas y estrategias.
Ofelia Álvarez afirma que también se percibe discriminación contra la comunidad LGBT, no solamente en los programas sociales y en las leyes, sino también en medios masivos y en redes sociales.