El abogado Juan Ernesto Garantón introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una demanda de intereses difusos en contra del alcalde de Baruta, Darwin González, por permitir la circulación de las llamadas “perreras”, y solicitó que se prohíba ese transporte no solo en el municipio, sino también en todas las alcaldías del país.
La acción contra las “perreras”, activas debido a la falta de unidades en buen estado y la ausencia de políticas públicas, se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad personal de los pasajeros que, a su juicio, están en riesgo cuando van parados sin ningún tipo de protección, lo que ha ocasionado la muerte de más de 30 personas en accidentes. Además, deben pagar por ser trasladados. Garantón aseguró que como vecino de Baruta se siente afectado cuando ha visto estos camiones 350 y camionetas pickup llenos de gente frente a Plaza Las Américas.
Como también se utilizan camiones militares por orden de las gobernaciones, señaló que los alcaldes deben exponer esa situación ante el TSJ y dejar clara su responsabilidad.