El reclamo de los gremios para que el gobierno cumpla el artículo 91 de la Constitución que establece el derecho a un salario que cubra las necesidades básicas, fue el motivo central de la mayoría de las 2.163 protestas registradas en el mes de julio por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En su informe, difundido ayer, señaló que ocurrieron en promedio 72 manifestaciones diarias, más del doble de los casos registrados durante el primer semestre de 2018, cuyo promedio fue de 30 por día.
La exigencia de que se respeten los derechos sociales, principalmente, determinó la mayor parte de 98% de las demandas en las calles de profesionales y obreros de los sectores de la educación, la electricidad y las telecomunicaciones, entre otros que pidieron también respeto por los derechos económicos, culturales y ambientales. Distrito Capital, Bolívar, Miranda, Anzoátegui y Lara fueron las entidades con mayores índices de protestas.
De las 2.163 acciones ciudadanas, médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales lideraron la conflictividad laboral en 1.192 salidas a las vías públicas, a las cuales se sumaron otras 41 realizadas por personas con condiciones crónicas, pacientes y familiares, lo cual representa una cifra inédita en el sector salud de 1.233 manifestaciones. “Desde las calles o salas de hospitales y ambulatorios, los venezolanos reclaman un sistema de salud humanista que defienda y garantice el derecho a la vida”, indica el informe. Los trabajadores del sector estudiantil (que secundaron al área de salud) hicieron 268 protestas, “distintos gremios” 207, y los transportistas presentaron sus reclamos en 33 oportunidades.
Los ciudadanos salieron en 286 ocasiones, 10 veces cada día, para quejarse del deterioro de los servicios básicos, y la deficiencia en el suministro de agua encabezó la lista con 160, seguida por las irregularidades en la distribución del gas doméstico, con 81, y por los cortes continuos del servicio eléctrico, con 45, todas anomalías que afectaron la vida cotidiana de las familias, de escuelas y hospitales.
Hubo además 56 demandas de la gente en la calle por comida. “El gobierno ha mantenido su política de vender alimentos por medio de los CLAP, sin lograr solventar la inseguridad alimentaria que atraviesa Venezuela, aunque sí le ha permitido expandir el control social sobre los sectores más vulnerables de la población”. Las acciones por derechos civiles y políticos se redujeron a 4%.
En los primeros 7 meses de 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de manifestaciones.