Vencer la resistencia gubernamental a recibir cooperación internacional para atender la emergencia en alimentación y salud no es el único obstáculo para que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. Analistas coinciden en que es vital organizar una plataforma de distribución que garantice neutralidad y confianza, la cual debería estar integrada por actores tanto públicos como privados y coordinada por organizaciones experimentadas que ya tienen presencia en el país. Con el tiempo en contra, la eficiencia es una garantía de que podrán salvarse vidas hoy en riesgo
La autorización estatal que permitiría el ingreso de alimentos y medicinas para atender la crisis que afrontan los venezolanos encuentra una de sus más difíciles trabas en las palabras que se utilicen para definir esa acción. En las negociaciones con la oposición, en lugar de ayuda humanitaria, el gobierno nacional ha pedido que se use el término cooperación internacional, ciertamente menos asociado a imágenes de guerra y de catástrofe.
Las ONG que han trabajando activamente a favor de lograr la apertura del canal de asistencia parecen dispuestas a ceder en este punto. Lo que está en juego, sin duda, es mucho más apremiante que una batalla léxica: se trata, de acuerdo con cifras de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, de la supervivencia de al menos 4 millones de personas con padecimientos crónicos que dependen del consumo de medicamentos que en este momento están ausentes de los estantes de farmacias y hospitales, así como del acceso a alimentos básicos para las familias del estrato en pobreza extrema, constituido por 51% de hogares venezolanos, aunque la inseguridad alimentaria ya afectaba en 2016 a 93,3% de las familias del país, de acuerdo con cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar.
Mientras esto sigue siendo un punto caliente de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, la crisis por la falta de fármacos y comida no mengua. La Asamblea Nacional ratificó el miércoles la declaratoria de emergencia humanitaria, acción que tiene antecedentes en mayo de 2016, cuando el Parlamento aprobó una ley para atacar la crisis de salud. “Pudimos ahorrarnos muchas muertes si el gobierno hubiera reaccionado cuando lo alertamos. Pero, lamentablemente, la soberbia, la posición política e indolencia de Nicolás Maduro y su entorno hizo que no se tomaran las decisiones correctas y que hoy la crisis esté mucho peor”, señala el médico y diputado José Manuel Olivares.
Algunas de las cifras que esta semana volvieron a ventilarse en la AN son elocuentes acerca de la magnitud de la tragedia: 90% de escasez de quimioterapia en el país y la paralización casi total de los servicios de radioterapia; la suspensión del programa de trasplantes y la ausencia de medicamentos inmunosupresores que condena a los trasplantados a perder sus órganos debido al rechazo; 75% de desabastecimiento de antibióticos; la falta casi total de insumos para tratar los infartos, una de las principales causas de muerte en el país; 90% de escasez de antihipertensivos, y fallas graves en los programas de vacunación, que se reflejan en los 127 fallecidos por difteria y 457 casos diagnosticados de sarampión.
Pese a ese cuadro, la política del gobierno sigue siendo negar la emergencia humanitaria, recuerda Francisco Valencia, director de Codevida, cuando se refiere a las reuniones que se han desarrollado en Santo Domingo. “No debería denominarse mesa de negociación, no se puede negociar si estamos hablando de vidas humanas”.
El activista Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria y quien forma parte de los asesores de la Mesa de la Unidad Democrática en el diálogo con el gobierno, recuerda que el caso venezolano encaja en lo que se denomina una “emergencia humanitaria compleja”, una crisis con una raíz política que encuentra uno de sus principales acicates en la resistencia gubernamental en reconocerla. “El desafío es salir de una situación que causa muerte, enfermedad y que es devastadora para los grupos de mayor vulnerabilidad”.
Las señales visibles de esta situación se ven en la afectación de la salud, no solo de pacientes crónicos sino también de la población en general, el declive de las condiciones de vida y también en las migraciones, impulsadas por la falta de acceso a alimentos y medicinas. De hecho, apunta, Reyna, comienzan a aprobarse solicitudes de asilo por razones humanitarias: recientemente se concedió ese estatus a un venezolano en México que no podía conseguir en el país terapia antirretroviral contra el VIH. Actualmente 77.000 personas se encuentran en incertidumbre porque los medicamentos contra el virus que causa el sida están a punto de agotarse.
Marco necesario. Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, señala que, en caso de que se venciera la resistencia del gobierno para el ingreso de la asistencia humanitaria, una preocupación central de las ONG es cómo se garantizaría que esa ayuda sea realmente efectiva. “Si algo hemos concluido es que si esta es únicamente manejada por el gobierno, vamos a caer en un sistema en el que no se va a ayudar a todos sino a cierta parte de la población y en el que el elemento corrupción, que ya vemos en el sistema nacional de alimentación, va a prevalecer”, advierte.
Cepaz impulsó el año pasado, junto con Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la construcción de la Agenda Urgente en Derechos Humanos, documento en el que participaron más de 300 organizaciones de la sociedad civil y 500 activistas de todo el país. “Recoge un conjunto de acciones para mitigar la crisis y acompañar el sufrimiento de las personas”, señala. “Se trata de una guía no solo para las acciones en materia humanitaria sino también en otros temas”.
Recuerda que partieron de un diagnóstico de los problemas que han conducido a la crisis actual y las distorsiones que causan múltiples problemas. “Por ejemplo, el sistema de extorsión paralelo en torno al manejo de los alimentos escasos, también la denuncia de que todo esto ocurre bajo una institucionalidad corrupta y profundamente militarizada”.
La experta en gestión alimentaria Susana Raffalli señala que la ayuda humanitaria no consiste solamente en bienes como medicinas o suplementos nutricionales, sino que también incluye la asesoría de organismos internacionales para su distribución. “Es acompañamiento, no se trata de injerencismo”, puntualiza.
Un punto importante, indica Borges, tiene que ver con la población que debería ser objeto prioritario de la ayuda. En primer término, añade, se debería atender a los más vulnerables: niños, embarazadas, personas de la tercera edad y quienes padezcan enfermedades o condiciones crónicas. “Su condición los hace mucho más frágiles a la hora de las crisis y sus vidas están en mayor riesgo”.
Para Raffalli, este punto es vital porque hay que tener en cuenta que es imposible que haya una distribución universal de la ayuda, “como ocurre con los subsidios que maneja ahora el Estado, que no tienen criterios claros de asignación”. Hay que enfocarse, agrega, en dos categorías: la gente que ya presenta daños, que está por morir y la ayuda le puede salvar la vida, y quienes aún no se encuentran tan afectados pero son sumamente vulnerables y están en riesgo de caer en una situación aún más grave. “La asistencia humanitaria nunca es sustituta del Estado, es subsidiaria; entonces habría que focalizarla muy bien”.
Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, coincide en que es indispensable organizar simultáneamente niveles de atención, de manera que puedan abordarse los casos más críticos pero también otros que a primera vista podrían considerarse menos urgentes.
Trabajo organizado. Herrera está de acuerdo con la importancia de involucrar a las ONG, pero también a otras instancias. “Hay que procurar que la ayuda llegue con planificación y que se organice un amplio equipo de cooperación que incluya la participación de las organizaciones sin fines de lucro, además del Estado, la empresa privada, investigadores y médicos”, añade.
Raffalli recomienda una organización por sectores -algo que en el lenguaje de la cooperación humanitaria se conoce como enfoque de cluster- según las áreas en las que se prestará la asistencia, bien sea salud, nutrición, agricultura o vivienda. “Este mapeo es útil para no replicarse y para aumentar la eficiencia de los recursos”. También coincide con la necesidad de integrar a distintos actores. “Si llega ayuda humanitaria a escala es imprescindible un grupo tripartito que debe incluir necesariamente al Estado venezolano, a la sociedad civil y a las agencias de Naciones Unidas”.
Tiene reservas en cuanto a una posible intervención de las Fuerzas Armadas, en particular en un caso como el venezolano, en el que hay dudas suficientemente fundamentadas acerca de su neutralidad y su capacidad para velar porque no haya discriminación, aunque concede que su presencia puede ser importante en áreas como logística y seguridad. Insiste en que el control y la auditoría de la distribución de la ayuda humanitaria es vital “para garantizar que llegue a las personas a la cuales les va a salvar la vida y a las cuales verdaderamente va a proteger”. Esto, añade, solo se puede lograr con la participación de los propios afectados y de la sociedad civil, cuya presencia, insiste, es una garantía.
Recomienda por eso apoyarse en organizaciones que ya tienen presencia en las zonas afectadas y que pueden brindar una plataforma de distribución, porque ya han hecho trabajo asistencial y gozan de la confianza de la población. “En Venezuela los tres cuerpos organizacionales que están en capacidad de cumplir con esos tres criterios son Cáritas, Fe y Alegría y la Cruz Roja, que tiene delegaciones en todos los estados. Podrían ser un punto de partida, por supuesto en coordinación con los actores oficiales”.
En el caso de los insumos médicos, Valencia sostiene que la OPS puede activar mecanismos de dotación hospitalaria de urgencia, que ponen en marcha de forma inmediata. “Aproximadamente en 2 semanas estarían llegando al país”, aseguró. Ello incluiría kits que permitirían dotar a los hospitales de manera expresa de insumos, medicamentos y equipos de diagnóstico para atender a 10.000 pacientes por 3 meses.
Sin embargo, señala que es importante tener en cuenta que los mecanismos de cooperación aliviarán la emergencia, pero no resolverán el problema. “Las soluciones llegarán con el cambio de políticas económicas. Es necesario cancelar las deudas con la industria farmacéutica, que suman más de cinco mil millones de dólares y también reactivar la producción nacional”, indicó.
Para Herrera, la aceptación de la ayuda tendría sentido si hay una propuesta de transformación más profunda que ataque las causas que han llevado al país a este extremo. “Es necesario que se emprenda un proyecto de recuperación y mejoramiento de vida de los venezolanos”.
Relatos de la angustia cotidiana
Orlando Ortiz
60 años de edad
Padece de hipertensión y diabetes desde hace diez años. Consigue las pastillas para controlar la tensión gracias a una conocida que es bionalista y trabaja en un hospital. El glucofage, fármaco que necesita para la glicemia, no lo encuentra desde hace dos meses. “Cuando no tengo la pastilla del azúcar lo que hago es evitar los dulces y el pan; me he hecho exámenes y se me ha mantenido la glicemia en un buen nivel. Pero con las pastillas para la tensión sí me da miedo porque si las dejo de tomar, enseguida se me sube y eso es peligroso porque me puede provocar un accidente cerebrovascular o algo similar. Por eso siempre estoy buscando pastillas y no permito que se me acaben. Por ahora tengo una reserva para dos meses y medio”.
María Rosalía Gélvez
78 años de edad
Es hipertensa desde los 40 años. Su hija, Yuraima Reina, la cuida. “La última vez que consiguió antihipertensivos fue gracias a un amigo que trabaja en un laboratorio. Ahora tiene pastillas, pero cuando se le acaban deja de tomarlas”, dice Reina. La irregularidad en el tratamiento le ocasiona a Gélvez subidas de tensión y dolores de cabeza, “se descompensa”, explica la hija. Gélvez también padece osteoporosis, y para calmar los dolores emplea diclofenac sódico, medicamento que tampoco encuentra con regularidad. “Debe tomarlo de por vida, es lo único que la calma, y cuando no lo consigo el dolor que le da en los huesos es insoportable. Se queja mucho”, indica Reina, que debe recorrer farmacia tras farmacia buscando medicinas.
Ramón García
44 años de edad
En 2017 su trasplante renal cumplió diez años. Lleva una vida normal y se encuentra estable. Sin embargo, informó que solo dispone para una semana de medicamentos inmunosupresores, que garantizan que su cuerpo no rechace el órgano trasplantado. “Esto se debe a que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no los está suministrando desde hace cuatro meses. Muchos trasplantados corren el riesgo de perder el órgano y eso pone en riesgo nuestras vidas”, advierte. “Todos los trasplantados tenemos problemas para adquirir los medicamentos; esto genera miedo e incertidumbre porque no existe respuesta de las autoridades competentes”, expresa García, que preside la Fundación de Ayuda al Paciente Renal, que ayudó a crear.
Johonnys Hernández
40 años de edad
Nació con hemofilia. Actualmente su condición se encuentra en el grado más severo. En 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medida de protección que exigía al Estado venezolano la restitución inmediata de su derecho a la salud. Por esta razón, a pesar de la escasez, Hernández recibe los factores que necesita para que pueda coagular su sangre. “Antes me daban el tratamiento para el mes completo; ahora tengo que ir hasta dos y tres veces al mes a buscarlo”. Sin embargo, eso no es suficiente para garantizar que su salud no se deteriore: Hernández denuncia haber bajado de peso por la dificultad para adquirir alimentos. De las tres comidas solo puede hacer el almuerzo, gracias a la solidaridad de un amigo.
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