La desnutrición, las epidemias y la migración forzada son 3 males que amenazan la supervivencia de las comunidades indígenas venezolanas. La muerte de 33 waraos y 53 yanomamis a consecuencia del sarampión, es apenas una muestra de cómo la emergencia humanitaria que afecta a la mayor parte del país pone en especial peligro a poblaciones que han sido tradicionalmente marginadas, y que también se han visto severamente afectadas por enfermedades en otro tiempo controladas, como difteria, malaria y tuberculosis. El colapso del sistema sanitario, que arrastra graves dificultades para atender los sectores más alejados y desprotegidos, añade obstáculos para su acceso a los derechos a la salud y a la vida
Las inundaciones y el hambre son las razones por las que más de 16 familias de indígenas waraos llegaron esta semana al paseo Malecón Mánamo de Tucupita, en Delta Amacuro. En el grupo figuran 53 niños y aproximadamente 95 adultos, entre ellos 35 ancianos. Las comunidades de las que provienen, Boca de Macareo, Punta Pescador y La Horqueta parecen olvidadas por el sistema de salud, pues no han llegado los operativos de vacunación anunciados por el Ministerio de Salud debido a los casos de sarampión y difteria que afectan la zona.
La comida también se ha hecho inaccesible. Para comprar las cajas que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidas como Clap, deben esperar las pocas ocasiones en que hay embarcaciones disponibles. Además, tienen que pagar 1.500.000 bolívares en efectivo.
La denuncia que hacen esas familias es una pincelada en la crisis de salud que afecta a las comunidades indígenas que viven en el delta del Orinoco, que son mencionadas con preocupación en el documento emitido por la Organización Panamericana de la Salud el 20 de junio a propósito de la crisis venezolana y que según el Observatorio Venezolano de la Salud significó el reconocimiento implícito de una emergencia humanitaria de grado 3. Esto quiere decir, de acuerdo con parámetros de la organización internacional, “que afecta a uno o varios países con consecuencias sustanciales para la salud pública y que requiere una respuesta de la oficina de la Organización Mundial de la Salud en el país o una respuesta internacional de parte de la OMS”.
Alicia Moncada, profesora de la Universidad Central de Venezuela, perteneciente al pueblo wayúu e integrante de la organización de mujeres indígenas Wanaaleru, señala que los waraos son las víctimas de una “acumulación epidemiológica”, pues concentran varias de las enfermedades epidémicas que afectan a los venezolanos. En su opinión, “son el mejor ejemplo del desastre en materia de salud que sufre el país”. El caso del sarampión ilustra lo que ocurre: aunque la enfermedad se ha detectado en 21 de los 24 estados del país y el Distrito Capital, 33 de las 35 muertes denunciadas han ocurrido entre los waraos. La OPS atribuye la crisis a varios factores, entre ellos vacunación insuficiente, sistema de vigilancia inadecuado, demora en la aplicación de medidas de control y escasa capacidad para aislar a los pacientes y manejar los casos. El ex ministro de Sanidad José Félix Oletta señala que Delta Amacuro ha sido un estado afectado de manera intensa por la enfermedad “probablemente con la más alta tasa de transmisión de todo el territorio nacional; no hay un solo municipio donde no se hayan registrado casos”.
Empujados por la crisis, los waraos han sido uno de los grupos que integra las migraciones masivas de venezolanos hacia otros países, especialmente Brasil. Una investigación del Centro de Inmigración de Boa Vista, que ha acogido a miles de venezolanos del éxodo, cita las razones que dan los indígenas para marcharse del país. “El hambre, consecuencia de la inseguridad alimentaria en Venezuela, es el principal argumento de los waraos cuando se les preguntó sobre el proyecto migratorio. Otros argumentos utilizados son la ausencia de servicios públicos relacionados con la educación y la salud, y la negligencia del gobierno venezolano con los indígenas”.
Shawara en el Alto Orinoco. La compleja cosmovisión de la cultura yanomami encuentra que la muerte y la enfermedad pueden tener distintos orígenes, entre ellos la shawara, una categoría en la que se puede englobar todas aquellas con potencial epidémico, señala el libro Salud Indígena en Venezuela, editado por el Ministerio de Salud. Esta es precisamente una de las más recientes amenazas que ronda a ese pueblo, como alertaron la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacionalen uno de sus más recientes boletines.
El virus del sarampión, señala el comunicado difundido hace dos semanas, ha afectado a comunidades del municipio Alto Orinoco, en el Alto Ocamo, sector Parima, fronterizo con Brasil, y se ha reportado en los poblados Tokori, Hokomawë I, Hokomawë II, Koaiampu I, Koaiampu II, Koaiampu III y Oroshi, entre otros. “La epidemia puede resultar devastadora por la vulnerabilidad epidemiológica de este pueblo a la enfermedad, como lo fue en la década de los años 60 del siglo XX cuando una epidemia de sarampión diezmó 9% de la población de la etnia yanomami”, recuerda el documento.
Sobre la situación ya había alertado la organización yanomami Horonami a principios de julio, a través de un comunicado en el que señalaba que el virus podía haber entrado a su territorio proveniente de Boa Vista, estado de Roraima, en Brasil, debido a la movilización de personas que se dedican a la minería ilegal. Sin embargo, como explica Oletta, en realidad se estaría produciendo un efecto bumerán: el microorganismo estaría circulando en el país vecino porque se habría transmitido desde territorio venezolano.
El médico advierte que la enfermedad puede cebarse con los yanomamis porque se trata de poblaciones que, además de haber sido excluidas de programas oficiales de inmunización, “tienen poco contacto con otros grupos o con ambientes urbanos y, por tanto, cuentan con muy pocas defensas naturales”. También advierte sobre el desafío que significa poder atender a grupos dispersos en un territorio de aproximadamente50.000 kilómetros cuadrados.
Estudios de expertos apoyan ese temor. Según datos suministrados por informantes de las comunidades indígenas, hasta el 7 de julio de este año se habían registrado 121 casos de sarampión con 53 fallecidos, lo que daría como resultado “una elevadísima tasa de letalidad de 43,8 por cada 100 enfermos”. Sin embargo, el director regional de Salud del estado Amazonas, Jesús Bernabé Yuriyuri, solo ha reconocido hasta ahora 7 casos de la enfermedad.
Oletta llama la atención sobre las dificultades para atajar una enfermedad como esta, una vez que se ha instalado en la región. “El acceso a los servicios hospitalarios es enormemente difícil, pues el único punto de apoyo cercano a estas comunidades, aparte de Brasil, es el centro de salud de La Esmeralda”. La asistencia, en todo caso, llegará tarde, advierte. “Debería haberse hecho una vacunación masiva a tiempo, pero ahora llega tardíamente. Las poblaciones indígenas no fueron consideradas nunca una prioridad y no se les dio apoyo en el momento oportuno”.
Marginación y peligros. Los episodios padecidos por waraos y yanomamis son una expresión de la emergencia humanitaria compleja que, de acuerdo con los expertos, se ha ensañado con las comunidades indígenas, tradicionalmente olvidadas por el Estado venezolano, pese a lo que estipula el artículo 123 de la Constitución, que garantiza su derecho “a una salud integral que considere sus prácticas y culturas”.
El documento de la OPS hace un llamado de atención especial sobre los riesgos de esas comunidades. “Los pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza de Venezuela son sumamente vulnerables a las enfermedades epidémicas. En especial causan preocupación los waraos que viven en las zonas fronterizas entre Venezuela y Guyana y que están ahora migrando al norte de Brasil, el pueblo wayú que vive en las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia, y los yanomamis que viven en zonas a lo largo de la frontera entre Venezuela y Brasil”, indica el texto.
Moncada resume la situación en una frase: “Estos grupos históricos vulnerados siempre han vivido en emergencia humanitaria, no solamente en el país sino también en toda el continente, pero en momentos críticos como los actuales esta situación recrudece”.
Con esa apreciación coincide Aimé Tillett, experto en el tema y fundador de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud. “La emergencia humanitaria es una situación de la que nadie o muy pocos escapan, pero con los pueblos indígenas se hace más compleja porque han estado tradicionalmente marginados del disfrute de sus derechos y de las garantías que establecen las leyes”.
A diferencia de lo que se suele creer, la mayor parte de los integrantes de esas poblaciones no vive en sectores apartados de las zonas urbanizadas, señala. El censo de Venezuela de 2011 daba cuenta de un aumento del número de habitantes del país que se reconocían como parte de una etnia indígena: 2,8% de los 26 millones de venezolanos empadronados en esa época se identificaban con esas comunidades, lo que se traducían en 724.592 personas. De ellos, apunta Tillet, al menos 70% se ha trasladado a zonas urbanas. “Es un proceso que ha ocurrido de forma paulatina desde hace por lo menos 20 años. Se trata de poblaciones que vienen de habitar la periferia del país, la mayoría espacios de frontera, zonas de difícil acceso donde el Estado tiene presencia marginal, y por tanto no cuentan con acceso a la salud, a la educación o al agua potable. Migran a las ciudades buscando esos beneficios, pero terminan insertándose en sectores de extrema pobreza”.
Esperanzas lejanas. El documento de la OPS, al referirse a varias de las epidemias que han resurgido en el país, da detalles de cómo han afectado a las comunidades indígenas. Por ejemplo, sobre la tuberculosis, señala, según informes preliminares se registraron 10.185 casos en 2017, la mitad de ellos en el Distrito Capital y en otros cuatro estados. Los grupos indígenas concentran 6,8% de los enfermos, con lo que se convierten, junto con los reclusos, en los más afectados. Igualmente, alertan sobre las altas tasas de VIH entre los waraos, que constituyen uno de los grupos indígenas más atacados por la infección en todo el continente.
Mención aparte merece el caso de la malaria, de la que se registraron 406.289 casos en 2017, un aumento de más de 270.000 con respecto a 2015. Es una situación que afecta especialmente a estados con amplia población indígena, entre ellos Bolívar y Delta Amacuro, como señala el último informe de la ONG defensora de derechos humanos Provea, que vincula la expansión de la enfermedad con la creciente actividad de minería ilegal.
Detrás de las dificultades para poner freno a la expansión de las enfermedades está el colapso del sistema de salud, señala Tillett. En estados como Delta Amacuro o Amazonas, las pocas medicinas que llegan se quedan en los grandes hospitales a los que no tiene acceso la mayor parte de la población, mientras la red de atención primaria es muy precaria y está desasistida, advierte.
A eso se añaden las dificultades de transporte, que no solo afectan a la población sino también al personal de salud. En el caso de las enfermedades prevenibles por vacuna, la falta de lanchas para trasladar los biológicos debe considerarse como uno de los desencadenantes de la crisis. Las embarcaciones están paralizadas por los altos costos de mantener un motor fuera de borda, por la escasez de combustible, el contrabando y los precios prohibitivos de lubricantes y repuestos. “En Delta Amacuro, que es una zona de acceso fluvial, no estaban aplicando la inmunización contra el sarampión en mayo, a pesar de que el brote ya se había reconocido en enero”, añade.
Oletta considera que uno de los aspectos más preocupantes de la crisis sigue siendo el silencio oficial sobre los datos. “Mucha de la información se conoce gracias a agencias internacionales o porque es provista por los organismos estatales de otros países”. Moncada recuerda que persiste la falta de reconocimiento por el Estado de la emergencia humanitaria. Tillett agrega por su parte que sigue siendo imperiosa la necesidad de cooperación internacional para Venezuela, “en caso de que eso llegara a canalizarse, pese al mar de necesidades que hay, estos grupos más vulnerables deberían tener prioridad”.
165
fallecimientos por cada mil nacidos vivos es el índice de mortalidad infantil entre las comunidades yanomami, un número 10 veces superior al promedio nacional. Los expertos advierten que en general hay un subregistro que afecta la información de salud sobre los pueblos indígenas
