«Mi pasaporte vence en 2019, pero lo anularon»

Luego de cinco meses desde que el venezolano tuvo que empezar a pagar un elevado monto para solicitar e imprimir su pasaporte, debido al retraso que mantuvo el Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería por falta de material, no hay mejoras en el sistema tecnológico como se prometió, sino que se suman más irregularidades. Ahora hay venezolanos que sin estar vinculados a partidos políticos, manifiestan que sus documentos son bloqueados y solo se dan cuenta cuando llegan al aeropuerto de Maiquetía y el funcionario de inmigración les impide la salida del país.

Los reportes comenzaron en enero, antes incluso de que se diera a conocer la primera anulación del documento de un político, como fue el caso del diputado Luis Florido, el 27 de ese mes. Ibrahim tenía previsto viajar el 22 de enero a Alemania para cursar un idioma. El funcionario de inmigración le notificó que su pasaporte estaba anulado, pero como el joven tenía doble nacionalidad lo dejó salir. Su madre acudió a la sede principal del Saime para preguntar la razón del bloqueo y la funcionaria solo respondió: “Es raro. Quizá se equivocaron de botón cuando iban a anular otro pasaporte”.

El 15 de agosto Ana Ortiz iba a migrar a España con sus dos hijas. Pasó el chequeo de la aerolínea por la que viajaría y en inmigración le pidieron el pasaporte. Luego le exigieron el pase para abordar de la aerolínea y después le preguntaron si tenía el permiso de viaje de ambas hijas. Al terminar el chequeo de cada documento le comunicaron que su pasaporte estaba anulado y no pudo viajar ese día. “Yo pedí explicaciones y hasta les dije que yo no tenía nada que ver con partidos políticos, por si acaso. Además, mi pasaporte decía claramente que se vencía en 2019, pero igual no me dejaron viajar”, agrega.

Al día siguiente acudió a la sede principal del Saime en Caracas y planteó su caso. En la Oficina de Inmigración y Extranjería le dijeron que esos casos son comunes, pero no le explicaron la razón ni cómo resolverlo. Apeló a contactos y gestores que le tramitaron el documento nuevo por 1,2 millones de bolívares.

El jueves de esta semana un joven que pretende migrar denunció que tiene una semana tratando de anular su pasaporte de cubierta vinotinto −que se comenzaron a emitir en 2007 con el sistema biométrico− para poder tramitar el de cubierta azul con el nombre del Mercado Común del Sur, que se empezó a entregar en 2015.  Decidió hacer el cambio porque la aerolínea le informó que hay problemas en Maiquetía para dejar salir a los usuarios, pese a que estas libretas estarían vigentes hasta que expiraran.

El joven ha hecho cinco visitas al Saime y en cada una le dieron una información diferente: tenía que anular el pasaporte con una planilla que debía descargar del portal web, pero que jamás encontró. Le dijeron que podía reportarlo como robado en el Cicpc; sin embargo, en el cuerpo policial le notificaron que el Saime es el que anula el documento. Luego le indicaron que debía bloquearlo a través del 0800-Saime, pero ese número se reporta como inactivo. Por último, le señalaron que pidiera la cita y automáticamente el documento anterior se anulaba.

Otra mujer, que pidió no mencionar su nombre por ser funcionaria, llevaba desde las 6:00 am tratando de entrar a la sede del organismo porque, asegura, un trabajador de Inmigración “le robó su documento de identidad”. “Yo le entregué el pasaporte vencido con la visa americana y el vigente. Luego de revisar todo me pidió de nuevo el pasaporte vigente, pese a que ya se lo había dado. Él negó durante dos horas que yo lo entregué, por eso digo que me lo robó”, denunció.

Más irregularidades

 La fijación de las tarifas del Saime –que pide poseer tarjeta de crédito para tramitar cita e impresión del documento, cancelar 3.600 bolívares (12 unidades tributarias) como pago por la gestión, 51.000 bolívares (170 UT) por la cita y 67.800 bolívares (226 UT) para la agilización exprés de 72 horas para tener la libreta en mano– no derivó en mejoras tecnológicas como se prometió en marzo.

El jueves pasado ciudadanos aseguraron que pagaron los 51.000 bolívares de la cita, pero el sistema nunca les asignó una oficina para tomarse la foto y colocar las huellas dactilares. Los funcionarios solo les decían que debían volver a pagar, pese a que ya se había cobrado y no les devolvían el dinero.

La mayoría exigía respuestas. Aseguraban que, sin importar la hora en la que se conectaran, no podían hacer el pago exprés. A algunos les decían que solo se podía cancelar la habilitación por la web y a otros sí les permitían pagar en la sede principal.  Nadie explicaba las diferentes decisiones y directrices, dependiendo del funcionario de turno.

El exilio forzado

El organismo encargado de garantizar la identidad en el país también mantiene deudas con los venezolanos en el exterior, a quienes se les impide el libre tránsito y hasta entrar a su país. En Colombia se encuentra Nayivi con sus dos hijos de 17 años y 23 años de edad. Desde mayo de 2016 solicitó la cita para renovar el documento, pero hasta la fecha el estatus en el sistema notifica que esperan por la dactiloscopia. Gracias a que el gobierno colombiano otorgó a los venezolanos el permiso especial permanente, que se extiende hasta por dos años para poder trabajar y estudiar, la familia se mantiene legal en el país vecino.

En Chile el trámite se tarda hasta nueve meses. Venezolanos que solicitaron el documento en diciembre del año pasado fueron notificados en agosto que ya el documento fue enviado. En España, quienes pidieron cita en enero aún no se las otorgan. En Australia y Alemania el trámite se ha tardado tres meses.