Representantes de las ONG Provea, Acceso a la Justicia y el Observatorio Venezolano de Prisiones viajaron ayer a República Dominicana atendiendo una invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para participar en el período 168° de audiencias públicas que se celebrará entre el 3 y el 11 de este mes.
Humberto Prado, director general del OVP, dijo que entre otros puntos tratarán las denuncias de violación de derechos humanos por parte de la justicia militar venezolana. “Hay civiles juzgados por la justicia militar”, indicó.
Refirió que hay otros casos en los cuales los tribunales han emitido boletas de excarcelación y esos ciudadanos siguen detenidos porque los directores de las prisiones donde están recluidos no quieren liberarlos.
Entre otros asuntos, Prado planteará la situación del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro, preso en la cárcel de Tocuyito desde el 11 de enero de 2016 sin haber sido juzgado. “Le han vulnerado la inmunidad parlamentaria”, agregó.
Prado también expondrá el hacinamiento en los retenes policiales, el trato que les dan a los internos en las cárceles, así como el constante diferimiento de las audiencias en tribunales.