En el país se ha confirmado la práctica de discriminación política por parte de autoridades de distintas universidades públicas vinculadas al gobierno. El 25 de enero pasado el joven Franklin Camargo, estudiante de Medicina de la Universidad Experimental de Los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, fue expulsado por dar su opinión en un debate que había abierto el profesor de Fisiopatología, José Meza, sobre los venezolanos que migran a otros países en busca de mejores condiciones de vida.
El equipo de la ONG Aula Abierta y la Red de Defensores de Derechos Humanos del estado Nueva Esparta documentó el caso de Camargo, que indicó con detalles cómo se produjo el hecho: “El 23 de enero el doctor José Meza expuso por más de una hora un discurso de adoctrinamiento donde señalaba la importancia de eliminar el juramento hipocrático y hacer un juramento socialista; luego, el 25 de enero a mitad de la clase el doctor Meza criticó con euforia y de forma despectiva a los venezolanos que huyen del país, incluso con sarcasmos con aquellos que se van a realizar trabajos de limpieza, haciendo ver que aquí exageran con la situación que a su parecer no está mal”.
Y agregó: “Yo intervine y expresé que era una consecuencia del gobierno actual, cuando de forma airada me sacó del salón, yo recogí mis cosas y antes de salir dije que si esa era la libertad que promueven, sacarme del aula por mi tendencia política, bajo gritos me contestó: ‘Por eso y porque eres un falta de respeto, estás expulsado’, y me trasladó al despacho del decano de Medicina, Lucio Díaz Ortiz, el que al escuchar la versión del profesor ni escuchó mi réplica y me dijo: ‘Esta es una universidad chavista y revolucionaria, y si no te gusta, vete a Harvard, estás expulsado de aquí’”.
El decano y el docente levantaron un acta en la que se relataba que el joven Camargo había ofendido a las autoridades de la universidad y a Nicolás Maduro. Sobre esta acta se recibieron denuncias de que los estudiantes fueron amenazados con ser expulsados a quienes se negaran de firmarla, detalló Aula Abierta.
Camargo señaló: “Unas tres horas después de mi retiro inmediato de la casa de estudio, acudí nuevamente a la universidad, específicamente al despacho del decano para evaluar mi expulsión y el proceso de la misma; el decano me amenazó con llamar a seguridad en varias ocasiones para que me retirara del lugar e incluso afirmó que estaba expulsado y ya, sin carta ni certificado. ‘Expulsado, no regresas. No me provoques. Eres un delincuente’, indicó”.
El universitario afirmó haber escuchado por distintas fuentes informales la apertura de un supuesto procedimiento administrativo, sin embargo, aún no ha sido notificado.
Aula Abierta condenó las prácticas discriminatorias y recordó a las autoridades del poder público que la libertad académica engloba el derecho de toda persona a una educación superior en la que se respeten todas las corrientes de pensamiento.
Más situaciones. Este no es el único caso de discriminación política en las universidades venezolanas. En 2016, en la Universidad Pública Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional se documentó la expulsión de Isaac Lugo, estudiante de Economía Social, en el núcleo Falcón.
El joven fue expulsado por haber incurrido en una supuesta falta grave al publicar en sus redes sociales un video donde daba a conocer las largas colas que se hacían en el comedor de su casa de estudios y el estado en el que se encontraba.
En noviembre de 2016 se documentó el caso de Rafael Avendaño, estudiante de Medicina Integral Comunitaria en la Universidad Bolivariana de Venezuela. El joven fue sancionado con la expulsión debido a que expresó su opinión y disenso respecto a la política e ideologías gubernamentales. En el expediente los directivos indicaron que la UBV era 100% chavista y revolucionaria.
Otro caso fue el de José Atacho, estudiante de medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, que en 2016 fue suspendido arbitrariamente de las actividades académicas y sometido a un procedimiento administrativo, en el que se violentó el derecho al debido proceso, al no permitírsele ver el expediente contentivo de las actuaciones procedimentales y ejercer su derecho a la defensa.
Su suspensión atendió a una represalia por su labor como dirigente estudiantil crítico a las políticas de las autoridades de su universidad por las denuncias realizadas sobre obras paralizadas dentro del recinto universitario a pesar de haberse liquidado los recursos para su desarrollo.